BOGOTÁ.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) calificaron como un "acto de traición a la patria" que el Gobierno de Álvaro Uribe permita que Estados Unidos instale bases militares en territorio colombiano.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) calificaron como un "acto de traición a la patria" que el Gobierno de Álvaro Uribe permita que Estados Unidos instale bases militares en territorio colombiano.
Para las FARC este hecho constituye una "agresión" porque estas bases militares abrirán la puerta al "terrorismo transnacional de los Estados Unidos" y "apuntarán no sólo contra el pueblo, sino contra los gobiernos progresistas del continente", según señala un comunicado divulgado hoy por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) y firmado por la Comisión Internacional de esa guerrilla.
Bogotá ultima negociaciones con Washington para destinar 1.400 militares y contratistas estadounidenses a las bases militares de Palanquero, Apiay (centro del país) y Malambo (norte) para que se incorporen a las labores que desarrolla Colombia contra el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.
Los rebeldes han asegurado que Uribe es "el autor de la actual hecatombe humanitaria de Colombia", y le acusan de proyectar la imagen de "un loco acusando a todo el mundo de terrorista: tanto a personas como a gobiernos, pero el verdadero terrorista es él".
Por otra parte, el grupo armado acusa al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos de la muerte de un ecuatoriano durante un bombardeo del Ejército colombiano al campamento donde se encontraba el ex 'número dos' de ese grupo armado Raúl Reyes. "Santos debe responder por el homicidio de Franklin Aisalia", señalan.
La guerrilla afirma que el joven "fue capturado vivo en su propio país y traído a Colombia luego de ser asesinado a golpes con objeto contundente, como lo determinó la experticia de la Fiscalía" de Ecuador.
Según las autoridades colombianas, Aisalia murió junto con otras 25 personas en el bombardeo al campamento de Reyes ocurrido el 1 de marzo de 2008 en el norte de Ecuador. Este hecho provocó la ruptura de las relaciones bilaterales y un distanciamiento sin precedentes entre los dos Gobiernos.
La justicia ecuatoriana ordenó el mes pasado prisión preventiva a Santos tras declararlo responsable del ataque en el que murieron 26 personas en el marco de la investigación que se adelanta para investigar los hechos.
Las FARC condenaron además la solicitud de extradición por parte de Colombia de la mexicana Lucía Morett, quien sobrevivió al ataque militar, y pide al Gobierno "responder por su infame agresión contra ella, por lesiones personales, y por el cobarde asesinato de cuatro estudiantes mexicanos".
También aclararon que el profesor universitario Miguel Ángel Beltrán "no lo es y nunca ha sido" miembro de ese grupo armado, versiones que fueron utilizadas por las autoridades colombianas para llevarlo de México a Bogotá acusándolo de subversivo, señala el comunicado.
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