Madrid.- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, ha exigido hoy al Ministerio del Interior que revise y mejore con urgencia los planes y protocolos de seguridad de las casas-cuartel para que "dejen ser un blanco operativo" para los terroristas.
En un comunicado, AUGC ha trasladado su "más entrañable solidaridad y apoyo" a las familias afectadas por la explosión de una furgoneta-bomba contra la Casa Cuartel de Burgos y ha afirmado que "estos viles y cobardes atentados" sólo consiguen fortalecer la voluntad de la Guardia Civil de "seguir en primera línea contra el terrorismo y por las libertades".
Ha pedido además a las diferentes administraciones que ofrezcan una "atención digna" a las víctimas de este atentado "que precisan apoyo moral, material y psicológico urgente".
En septiembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó obras de emergencia para la mejora de la seguridad en los cuarteles de la Guardia Civil del País Vasco, por un importe aproximado de 5 millones de euros, después de los atentados sufridos en Durango y Legutiano.
Previamente, Interior había puesto en marcha un plan de refuerzo de la seguridad de las instalaciones del instituto armado no sólo en el País Vasco y Navarra, sino también en comunidades autónomas limítrofes.
En algunas ocasiones se trata de cuarteles que se construyeron hace décadas en zonas poco protegidas, o que por su ubicación pueden ser "blanco fácil" en caso de atentado terrorista.
Era el caso del cuartel de Legutiano (Álava), demolido tras la explosión de una furgoneta-bomba en mayo de 2008 y que se encontraba a la entrada del pueblo y junto a una carretera, lo que facilitó la huida a los terroristas.
En aquel atentado falleció el guardia civil Juan Manuel Piñuel, quien apenas tuvo tiempo de avisar de la colocación de la bomba antes de que ésta estallara.
De forma paralela, la Comisión de Interior del Congreso aprobó por unanimidad el pasado mes de diciembre una proposición no de ley en la que se proponen medidas para mejorar la seguridad de los cuarteles de la Guardia Civil y de las dependencias de la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra.
La iniciativa instaba al Gobierno a autorizar de forma urgente aquellas obras necesarias ya sea dentro o fuera de las instalaciones policiales en aquellos casos en los que los ayuntamientos afectados deniegan sistemáticamente las licencias de obras, algo que sucede con relativa frecuencia en consistorios de ambas comunidades.
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