Quito.- El sindicato ecuatoriano Frente Unitario de Trabajadores (FUT) está desarrollando hoy una jornada de resistencia nacional, con plantones y concentraciones ante sus empresas en Quito y Guayaquil, para protestar contra la política laboral que desarrolla el Gobierno.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firmó el pasado 30 de abril un decreto para regular ciertos supuestos "abusos" en contratos colectivos, especialmente de entidades públicas, que contenían, según él, exagerados privilegios. EFE/Archivo
Mesías Tatamuez, presidente del FUT, explicó a Efe, en una entrevista telefónica, que bajo el amparo de la Constitución, el sindicato convocó a una "jornada de resistencia" porque "el Gobierno ha boicoteado todo para que la gente no salga" tras la emergencia sanitaria provocada por la gripe A.
Aunque en Guayaquil, los trabajadores de la salud se manifestaron en una marcha en la que también quemaron neumáticos, según imágenes difundidas este martes por televisión.
En Ecuador "se está violando el código de trabajo y las normas internacionales" a raíz del proyecto de Ley de Empresas Públicas y el decreto 1701, afirmó Tatamuez, códigos legislativos en los que, según él, se viola el derecho a la contratación colectiva y a la organización de los profesionales.
"El decreto determina que hay que clasificar al trabajador y que es un delito estar organizado o la libre contratación colectiva", aseguró el líder sindical.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firmó el pasado 30 de abril un decreto para regular ciertos supuestos "abusos" en contratos colectivos, especialmente de entidades públicas, que contenían, según él, exagerados privilegios.
El decreto 1701 elimina los "cargos hereditarios", los fondos complementarios de jubilación, el pago de vacaciones para familias de los trabajadores y la gratificación o beneficios adicionales por separación o retiro voluntario del trabajador.
Correa, al justificar esas medidas, puso como ejemplo el caso de la empresa petrolera estatal, Petroecuador, donde denunció la existencia de indemnizaciones de más de 600.000 dólares a trabajadores que habían renunciado.
El mencionado decreto también prohibió los días festivos no establecidos en la ley, jornadas laborales inferiores a las 8 horas diarias, el pago de bonificaciones por antigüedad, así como la entrega de obsequios por la acumulación de años de servicio en entidades públicas.
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