Caracas.- El ministro venezolano de Obras Públicas, Diosdado Cabello, informó hoy que el Gobierno ha abierto procesos administrativos a 50 de las 240 emisoras privadas de radio a las que acusa de operar "ilegalmente" y por ello busca revocar sus permisos de transmisión.
La argumentación oficial para la toma de esta medida es rechazada por la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, que la ha denunciado por violar leyes nacionales y convenios internacionales que amparan los derechos de expresión e información. EFE/Archivo
De las 240 radios AM y FM "que no pasaron" por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en junio pasado para actualizar sus datos, "50 de ellas están siendo notificadas" de la apertura de expedientes administrativos con miras a retirarles el permiso de transmisión, declaró Cabello a los periodistas.
El titular del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, al que está adscrita la Conatel, ha dicho que las medidas oficiales de revocar las concesiones a las 240 emisoras y restringir a máximo tres emisoras los circuitos nacionales forman parte del combate al "latifundio" radioeléctrico que, ha aseverado, representa que el "32 por ciento" del espectro esté controlado por "27 familias".
Ese argumento oficial es rechazado por la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, que ha denunciado que esas medidas oficiales violan leyes nacionales y convenidos internacionales que amparan los derechos de expresión e información, y ha acusado al Gobierno de ser el real monopolizador de los medios radioeléctricos.
Cabello explicó este lunes que dependiendo del caso y de la presunta irregularidad cometida por el concesionario radial, el proceso llevado adelante por la Conatel duraría entre "cuatro y 21 días", siempre con respeto al derecho a la defensa de los afectados.
"Hay procedimientos administrativos que tienen varios niveles", señaló el ministro, y citó que en el caso de "fallecimiento" del titular de la concesión "no se requiere ningún procedimiento", porque "si la persona falleció el Estado está en la obligación de recuperar la concesión para el Estado".
Cabello ha denunciado que existen casos en que el concesionario de la radio ha muerto y familiares directos operan la emisora con el argumento de que han heredado el permiso de transmisión, el cual, según el ministro, es intransferible.
Añadió que los equipos "transmisores son de la persona" propietaria de la radio, "a menos que esté haciendo uso ilegal del espectro radioeléctrico", en cuyo caso "el procedimiento (administrativo) lleva también el decomiso de los equipos".
Cabello defendió su propuesta, incluida en una reforma a la Ley de Telecomunicaciones próxima a estudiarse, de que los circuitos radiales se limiten a un "máximo de tres emisoras", con el argumento de que el gremio que agrupa a las radio privadas "no ha hecho ninguna" contrapropuesta en ese sentido.
Por su parte, directivos de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión insistieron este lunes en la "ilegalidad" de la medida anunciada por Cabello de retirar la concesión a las 240 emisoras y sostuvieron que lucharán para impedir la concreción de esa medida.
"Lo que tenemos que hacer es invertir, no importa los costos, haremos lo que sea necesario para evitar que se nos acaben los circuitos, para evitar que nos quiten 240 emisoras", dijo a la prensa el directivo del gremio en el estado de Zulia, Máximo Flores.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Radio, Nelson Belfort, destacó el carácter impopular de la medida gubernamental contra las radio emisoras que, aseveró, es rechazada por el "83 por ciento del público en general".
"Prácticamente dos de cada tres personas están rechazando esta medida, lo que indica que no es un cierre de emisoras de radios, sino que es un cierre de la posibilidad que cada uno de nosotros (...) de escoger cuáles son las radios que queremos escuchar y participar", dijo Belfort, sin precisar la fuente de esas estadísticas.
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