Santiago de Chile.- La Asociación de Empleados Fiscales de Chile, a la que pertenecen los guardias de prisiones, en paro desde hace dos semanas por demandas salariales, anticipó hoy que se quejará ante la OIT por los derechos sindicales que consideran vulnerados.
"Mañana martes vamos a presentar una queja ante la OIT por los derechos sindicales que han sido vulnerados", afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente. EFE/Archivo
"Mañana martes vamos a presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los derechos sindicales que han sido vulnerados", afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente.
El dirigente sostuvo que es necesario que el Gobierno se abra al diálogo. "Un Gobierno que habla de diálogo social, pero que no conversa con los trabajadores, es arrogante", apostilló.
De la Puente añadió que con los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se acordó enviar un oficio a la presidenta Michelle Bachelet, donde se denuncia la "vulneración de los derechos humanos" de los gendarmes (guardias de prisiones).
En tanto, la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizada (Confusam) amenazó este lunes con sumarse al paro, que desarrollan los funcionarios penitenciarios.
"Hay un hecho irrefutable que es un manejo inepto del Gobierno del conflicto y no es bueno para el país tenga este tipo de conductas contra el mundo sindical", sostuvo el presidente de la agrupación, Esteban Maturana.
Según Maturana, la Confusam está a la expectativa de lo que ocurra este lunes y martes.
"Tenemos reunión de nuestra directiva nacional el próximo miércoles y en función de cómo evolucione el conflicto estamos disponibles para participar en las movilizaciones", añadió el dirigente en declaraciones a radio ADN.
En opinión de Maturana, el conflicto ha tomado un camino muy delicado, ya que el Gobierno "cae en un juego antidemocrático" al pactar con dos de las cuatro asociaciones, dejando afuera a las más grandes, donde está el personal de más bajos ingresos".
El dirigente también denunció la destitución de 27 gendarmes que participaron en la paralización por supuesta dejación de funciones.
De un total de 13.000 gendarmes, alrededor de 7.000 se mantienen en huelga, pertenecientes a dos asociaciones gremiales, pues otras dos aceptaron una propuesta del Gobierno, mientras en el Parlamento se debate un proyecto de ley para mejorar las condiciones laborales del sector.
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