Berriel reitera que se impiden las indemnizaciones cuantiosas de la moratoria

Las Palmas de Gran Canaria.-  El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, insistió hoy en que la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio permitirá "impedir indemnizaciones cuantiosas" derivadas de la moratoria turística.

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(EFE)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel (d), junto al director general de Urbanismo del Gobierno canario, Jesús Romero, durante la inauguración hoy, en Las Palmas de Gran Canaria, del seminario sobre la Ley de Medidas Urgentes.

De hecho, uno de los argumentos por los que se elaboró la nueva ley, según declaró Berriel antes de inaugurar unas jornadas dedicadas a difundir su contenido, es porque "había que regular el turismo, y había que impedir también indemnizaciones cuantiosas por la moratoria tal como estaba concebida, que ya vaticinábamos algunos que íbamos a tener problemas".

"Incluso, los nuevos tiempos requerían que de la experiencia anterior sacáramos la enseñanza, y la enseñanza es que había mucho expediente en la Agencia de Protección del Medio, mucha presión, sobre el sector primario sobre todo, que, en muchos de los casos, nosotros creemos que no estaba tan justificada", prosiguió el consejero.

"Había que corregir eso", concluyó Berriel, que explicó que, frente a las normas anteriores, ahora se ha optado por hacer "una ley más pensada para reactivar los sectores económicos, sobre todo el sector primario y la industria, pero también para ordenar el turismo, la moratoria turística, con una nueva concepción y tratando de propiciar que se rehabilite lo existente".

"Por lo tanto, es una norma que esta hecha pensando en los ciudadanos, y también pensando en una situación de crisis que, ya hace algo más de un año, cuando empezábamos a trabajar en ella, vaticinábamos completamente y que luego el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón", añadió.

Sobre el modo en que se ha modificado la normativa existente con los fines referidos, indicó que, "con carácter genérico, esta ley viene a suponer una nueva concepción en relación con las autorizaciones para la utilización del suelo".

"Y es que, en la legislación anterior, todo lo que no estaba expresamente permitido estaba prohibido, y en esta legislación todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, es decir, es al revés, sólo que con determinados requisitos, determinadas cautelas, para que siempre se aborde el territorio desde el respeto de la legalidad y la sostenibilidad", explicó.

Quiso recalcar, en todo caso, que el Gobierno entiende la nueva norma como "una modificación, porque -argumentó- tampoco aquí se puede hablar de una ruptura con el marco jurídico anterior".

Con sus palabras defendió la iniciativa del Ejecutivo frente a quienes, desde partidos políticos ajenos o colectivos sociales o ecologistas, la han cuestionado opinando que supone una desregulación del territorio.

Admitió, no obstante, que "hay una modificación sustancial con esta Ley de Medidas Urgentes", lo cual hace que, "lógicamente, su aplicación práctica, la interpretación de su contenido y demás, siempre suele ser dificultoso".

Ése es el motivo de la celebración de las jornadas que inauguró Berriel hoy, que, bajo el título "Novedades de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio", organiza su departamento hasta el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, repitiéndolas con un día de demora en Santa Cruz de Tenerife, para facilitar su comprensión a los técnicos, explicó.

Como segundo ponente de su primera sesión se invitó a Francisco Javier Jiménez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, quien, en una intervención sobre las "líneas básicas" de la nueva ley, avaló los cambios introducidos en el planeamiento "con el fin de dotar al Gobierno Autónomo de un instrumento imprescindible para la ejecución de sus políticas".

Algo que dijo avala el derecho autonómico comparado, al existir en otras comunidades figuras por las que los gobiernos regionales pueden modificar normas de otras administraciones por razones de interés superior.