Córdoba.- La Junta de Andalucía ha estimado, en base a un estudio general del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), que la comunidad autónoma requerirá unas 300.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la próxima década.
La Junta de Andalucía ha estimado, en base a un estudio general del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), que la comunidad autónoma requerirá unas 300.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la próxima década. EFE/Archivo
El director general de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Rafael Pavón, ha informado hoy en declaraciones a los periodistas de que, entre los diez estudios que está efectuando el IESA al respecto, se está elaborando el de la ciudad de Córdoba que "se espera que esté concluido a final de julio o agosto".
Pavón, que ha mantenido una reunión con los alcaldes de la provincia para informarles sobre el procedimiento para la implantación de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda de Protección Oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha indicado asimismo que serán los propios responsables municipales los que configuren las bases y criterios de adjudicación de sus registros.
El director general de Vivienda y Arquitectura ha señalado que los ayuntamientos tienen hasta el mes de septiembre para elaborar esta base que regule la selección de los adjudicatarios de VPO con el objetivo de que el 26 de diciembre estén todos los registros conforme a la Ley del derecho a la Vivienda y el Plan Estatal de Vivienda.
Respecto a esto, Pavón ha especificado que los ayuntamientos podrán optar por el sorteo, establecer baremos de diferente tipo como el orden de antigüedad o prioridad para los jóvenes así como combinar varios sistemas que garanticen la "publicidad, igualdad y concurrencia".
Los demandantes, por su parte, podrán solicitar formar parte de estos registros mediante Internet, por teléfono o de forma presencial y permanecerán inscritos por un plazo de tres años renovables una vez que el consistorio "haya comprobado que cumple las condiciones que le dan derecho al acceso de una VPO".
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