MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recomendó al Partido Popular que encuentre "un punto medio entre el manto de silencio y la descalificación sin tapujos" de la Justicia y el Ejecutivo socialista, tras conocerse que el tesorero 'popular', Luis Bárcenas, acudirá a declarar el próximo miércoles al alto tribunal sobre su implicación en la 'Operación Gürtel'.
María Teresa Fernández de la Vega
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega, que reiteró el respeto del Gobierno hacia las decisiones judiciales y declinó valorar la oferta del senador por Cantabria de prestar testimonio de forma voluntaria, aseguró que si el Ejecutivo reacciona por este tema es a causa de que "el propio PP realiza valoraciones" que "obligan" a ello.
"La posición del Gobierno sigue siendo la misma aunque todas las semanas conocemos nuevos detalles de la investigación", indicó la vicepresidenta."Cuando se conocen nuevas deciciones, el PP arremete entonces contra la Justicia, contra el Gobierno", agregó.
DECISIÓN POLÍTICA DEL PP
La vicepresidenta indicó, además, que la continuidad o no en sus cargos de los imputados aforados en la 'Operación Gürtel' es "una decisión política que corresponde única y exclusivamente el PP".
"Mientras deciden deberían encontrar un punto intermedio entre el manto de silencio y la descalificación sin tapujos que hacen constantemente, porque esto último deteriora la ímagen de la política y de manera comprensible genera cansancio y perplejidad en los ciudadanos", concluyó.
El magistrado Francisco Monterde, que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Supremo citó hoy a declarar, en calidad de imputados provisionales, al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, el próximo 22 de julio, y al diputado Jesús Merino el día 23, informaron hoy fuentes del Alto Tribunal.
La resolución de Monterde señala también que el Alto Tribunal ya ha recibido la documentación relativa al caso que obraba en poder del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y decreta el secreto sumarial.
De este modo el Tribunal Supremo inicia la investigación de los aforados, implicados en una presunta trama de corrupción ligada al empresario Francisco Correa, sin que haya necesidad de elevar un suplicatorio a las Cortes. Esto se justifica en que los propios Bárcenas y Merino manifestaron por escrito al Tribunal su intención de declarar voluntariamente cuanto antes.
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