Bogotá.- El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, discrepó con quienes se oponen, por cuestión de soberanía, a que Colombia facilite bases militares para que operen tropas de su país una vez se firme un acuerdo de cooperación que negocian las dos naciones.
Recalcó que será el Gobierno de Colombia el encargado de autorizar cada una de las misiones y que las mismas tendrán "siempre, siempre", un representante de la administración local, afirmó el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield. EFE/Archivo
"Respetuosamente discrepo con los que dicen que esta es una cuestión de soberanía colombiana. En mi humilde opinión es cuestión de colaboración entre dos países contra una amenaza compartida, la amenaza de la droga ilícita", dijo el diplomático en la inauguración de un centro educativo al norte de Bogotá.
Recalcó que será el Gobierno de Colombia el encargado de autorizar cada una de las misiones y que las mismas tendrán "siempre, siempre", un representante de la administración local.
En diálogo con periodistas, Brownfield agregó que "las bases son colombianas", y destacó que las Fuerzas Armadas de Colombia son "las más sofisticadas de la región de América Latina", por lo que "no necesitan nuevas bases".
Al respecto, señaló que "la cuestión es de acceso" para las tropas estadounidenses.
Reiteró que las operaciones que se realicen serán bajo el mando del Gobierno colombiano y que lo que se busca es estrechar la colaboración y ayuda para combatir en narcotráfico y el terrorismo.
El Gobierno colombiano garantizó que este país tendrá la soberanía y tomará las decisiones que se adopten en las cinco bases militares que podría utilizar Estados Unidos en su territorio, según el nuevo acuerdo de cooperación que negocian ambos países.
El miércoles, durante una audiencia pública para explicar los detalles del acuerdo, los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, de Defensa, Freddy Padilla, y de Interior, Fabio Valencia, dejaron claro que no se crearán bases militares extranjeras.
Asimismo, destacaron que el objetivo no es reemplazar la base ecuatoriana de Manta (cuyo uso finiquitó el Gobierno de Ecuador), sino implementar "un esquema de cooperación moderna".
De acuerdo con lo explicado por el canciller Bermúdez, el acuerdo tendría una vigencia de diez años y supondría inversiones en infraestructuras por parte de Estados Unidos por 5.000 millones de dólares.
Dijo que el alcance "es exclusivamente para Colombia" y que "no debería afectar la relación con los países vecinos ni con un tercer país, sino al contrario, porque en la medida en que Colombia acabe con el narcotráfico y el terrorismo se va a beneficiar a la región".
Tras conocerse algunos detalles de la negociación del acuerdo, algunos sectores manifestaron su inconformismo alegando que se está cediendo la soberanía nacional a una potencia extranjera, visión que no comparte la administración del presidente colombiano, Álvaro Uribe.
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