Madrid.- El Partido Popular ha anunciado hoy que si gana las elecciones generales planteará una reforma del modelo de financiación autonómica aprobado ayer, a pesar de que no votaron en contra para no tener que renunciar a los fondos, mientras que las regiones socialistas han ensalzado las ventajas del sistema.
Incluso desde la dirección del PP nacional -que ayer ordenó a sus consejeros autonómicos que no votaran en contra del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que se abstuvieran-, se ha explicado que esa indicación estaba justificada "por coherencia".
Así lo ha dicho la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien ha apuntado que las autonomías "populares" tenían que "coger el dinero" para financiar sus servicios públicos "les gustara o no".
Cristóbal Montoro, responsable de Economía del PP, ha asegurado que si su partido llega a la Moncloa "anunciará" un modelo de financiación con "nuevas premisas de prosperidad" y, mientras, el grupo popular en el Congreso pedirá que la Diputación Permanente debata una comparecencia urgente de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para explicar el sistema a la Cámara.
Desde las comunidades populares, el gallego Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el modelo de "injusto e insolidario", pero ha precisado que Galicia no puede prescindir de "una partida clave para sus financias en tiempo de crisis". "Galicia no podía perder dos veces: con un mal modelo y renunciando a más de 600 millones".
Otro presidente del PP, el de La Rioja, Pedro Sanz, ha exigido "un pacto de Estado para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los españoles", desde el convencimiento de que habrá que "reformar" el nuevo sistema, que es "totalmente injusto" y sólo busca "el enfrentamiento y la discriminación entre comunidades".
Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha negado que recibiera "ningún tipo de instrucción" del PP para votar ayer y ha asegurado que su comunidad se abstuvo por responsabilidad, velando por sus intereses, porque es "de sentido común aprovechar los mayores recursos" que se ofrecen, aunque se puedan mejorar.
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha avisado de que no está dicha "la última palabra", ha reiterado que el acuerdo "no responde a las expectativas" de su comunidad y ha indicado que es "el modelo de las lentejas: si quieres las coges y si no las dejas".
Y mientras, continúa el cruce de reproches en Barcelona entre el tripartito y la oposición; incluso el conseller de Economía, Antoni Castells, ha acusado a CiU de automarginarse del acuerdo por un "tacticismo desaforado".
Castells ha reclamado a la dirección de CiU que recupere su tradición "pactista" y la ha invitado a que comparta "lo que es un éxito de país".
De estas críticas se ha defendido el presidente de CiU, Artur Mas, en cuya opinión la Generalitat está tomando "el pelo" a los catalanes porque "están vendiendo que esto cumple a rajatabla el contrato (el Estatut), y ellos saben que no es verdad".
El conseller catalán de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha acusado a las comunidades del PP, en especial a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de "coger el dinero" y, al mismo tiempo, azuzar una "campaña anticatalana" por "partidismo".
Precisamente desde Madrid, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha negado tener "catalanofobia", y ha asegurado que es Zapatero el que padece "madrileñofobia".
A las quejas de "catalanofobia" también ha respondido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para quien a veces desde la comunidad catalana "no se colabora para que haya un ambiente de mayor cordialidad".
Barreda ha reconocido que aunque no le da igual el reparto de fondos, no está en una "actitud envidiosa" mirando por el rabillo del ojo a ver como están los demás y tratando de excitar "envidias vecinales".
Otro de los que han salido en defensa del sistema es el presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, para opinar que es un acuerdo "muy importante", al igual que el asturiano, Vicente Álvarez Areces, que ha dicho que la negociación el Principado "ha quedado en buena posición".
Desde Extremadura, su consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, ha garantizado que su "sí" al sistema se produjo ayer "sin ningún tipo de ambigüedad y reserva", aunque "con algunas dudas que hay que aclarar".
Francesc Antich, presidente balear, ha apuntado que se trata de un "gran acuerdo" para el archipiélago porque "estar en la media de financiación es una victoria muy importante".
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