Luz verde al nuevo modelo de financiación que no rechaza el PP porque le aporta más fondos

Madrid.-  El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado, sin ningún voto en contra y con el respaldo de las comunidades socialistas, Canarias, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, el nuevo modelo de financiación autonómica, que el PP no se ha atrevido a rechazar porque les reporta más recursos.

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(EFE)

Vista general de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que las comunidades autónomas debaten la propuesta de Economía sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Tras más de cuatro horas de reunión, el CPFF ha aprobado la propuesta del Gobierno, que, según sus vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, mejorará e igualará la financiación per cápita de todas las comunidades, aumentará la corresponsabilidad fiscal y permitirá el acceso de los ciudadanos a los servicios fundamentales vivan donde vivan.

Salgado y Chaves han resaltado que el modelo no haya tenido ningún voto desfavorable y que con él todas las autonomías ganan y ninguna pierde porque todas se acercan a la media, tanto las que se situaban muy por encima como las que estaban por debajo.

El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables de las siete comunidades del PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura), más Cantabria (PRC-PSOE), Canarias (CC-PP) y la ciudad autónoma de Ceuta, gobernada con mayoría absoluta por el PP.

Las seis comunidades gobernadas por el PP -Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana- se han abstenido, al igual que la ciudad autónoma de Melilla, en tanto que Navarra y País Vasco, comunidades a las que no les afecta el modelo, se han ausentado de la votación.

Al acabar el Consejo, el responsable de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, ha señalado que "lo único bueno que tiene el nuevo sistema es que aporta más recursos a las comunidades".

De ahí que la dirección nacional del PP haya dado instrucciones a sus comunidades para que se abstuvieran en lugar de votar en contra.

"Pero ha sido una abstención muy crítica", ha asegurado Camps, idea en la que ha profundizado el consejero madrileño de Hacienda, Antonio Beteta, quien ha lamentado los términos en los que se ha aprobado el sistema, porque "es perjudicial" para España y está lleno de "inconsistencias".

"Que hay más dinero sobre la mesa es verdad, pero no se reparte de modo justo ni equitativo; que ha habido tortura estadística es un hecho, porque para conseguir que un catalán valga lo que dos madrileños ha habido que torturar mucho las cifras", ha criticado.

Ha dejado claro, sin embargo, que si no ha votado en contra es porque existía una orden expresa de Génova: "Lo puedo decir más alto pero no más claro", ha señalado.

La vicepresidente económica ha explicado que el Gobierno "no ahorrará esfuerzos" para lograr que el modelo obtenga el mayor consenso posible en las Cortes Generales, aunque la aplicación en cada comunidad dependerá de que sea ratificado en las comisiones mixtas correspondientes.

Chaves, por su parte, ha querido dejar claro que, "se puede estar a favor o en contra del modelo", pero "no es legítimo" afirmar que Cataluña sale beneficiada, ya que "no se ha llevado ni más ni menos que el resto".

Tras recordar que esta comunidad estaba "notablemente por debajo de la media" en financiación por habitante, Chaves ha instado a que no se utilice el "agravio comparativo" ni el "enfrentamiento" entre autonomías, por lo que ha pedido "madurez" y "responsabilidad", especialmente al PP.

Precisamente, el titular catalán de Economía, Antoni Castells, ha rebatido las críticas y ha defendido que el nuevo modelo "es el que conviene a Cataluña, pero, a la vez, es el mejor modelo para España".

Al mismo tiempo, ha criticado la abstención de las comunidades del PP y ha advertido de que "los alineamientos no deberían ser partidistas, sino en función de las lógicas de Estado e institucionales".

Una reflexión compartida por el consejero de Economía y Hacienda de Canarias, José Manuel Soria, del PP, quien ha votado a favor del nuevo modelo pese a las órdenes de su partido porque así lo decidió el Consejo de Gobierno de su Comunidad.

Canarias aspira a que el Gobierno abra un diálogo respecto a la diferenciación fiscal canaria, que no tiene no ni IVA ni algunos impuestos especiales sobre el tabaco o los carburantes debido a su Régimen Económico y Fiscal.

Pese a que todas las comunidades socialistas han respaldado el sistema, ha habido algunas voces no tan entusiastas con la reforma del modelo, como Asturias, cuyo consejero de Economía, Jaime Rabanal, se ha mostrado sólo "moderadamente satisfecho" porque no se han recogido todas sus exigencias, relativas a la ponderación de la dispersión o de la cooperación.

Salgado y Chaves han defendido el documento porque, entre otras cosas, cuatro de cada cinco euros se destinarán a políticas sociales.

No han querido facilitar las cifrase y se han remitido a las comunidades si es que ellas quieren hacer públicos sus cálculos, si bien han insistido en que dependerán del crecimiento económico y de los ingresos tributarios.

Sólo han mencionado los 11.000 millones de euros adicionales al sistema, que suponen en torno al 10 por ciento de los recursos totales.

Han anunciado que a finales de julio se dará a conocer una cifra inicial de los recursos con los que podrán contar las comunidades para que puedan reflejarlo en sus presupuestos de 2010.

Respecto a las peticiones para que algunas variables ponderen más en el sistema, Salgado ha precisado que "no parece fácil" introducir más ponderaciones porque ya suman cien, y ha recordado que se ha llegado a un equilibrio.

Sin embargo, ha subrayado que la petición de Galicia de que se tuviera en cuenta a sus emigrantes -unos 400.000- no ha podido recogerse.

En cambio, sí se han aceptado algunas reivindicaciones de Ceuta, que permitirán a la ciudad autónoma 1,5 millones de euros más.

Respecto a las críticas del PP que considera que el modelo penaliza la bajada de impuestos, Salgado ha explicado que la propuesta sí permite esta reducción y que no lo penaliza, si bien ha considerado que en momento de crisis económica no es solidario disminuirlos.