Familias de desaparecidos acusan Gobierno de callar bocas con indemnizaciones

Río de Janeiro.-  Familiares de los desaparecidos durante la última dictadura brasileña (1964-1985) acusaron hoy al Gobierno de "querer callar las bocas" con indemnizaciones económicas y le exigieron de nuevo la apertura de los archivos militares para obtener "la justicia y la verdad".

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(EFE)

Sin embargo, la activista destacó que ni siquiera esos documentos son oficiales puesto que fueron revelados por un medio de comunicación y aseguró que sabe que "los archivos existen, aunque argumenten que se quemaron". EFE/Archivo

En estos términos se refirió hoy en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Río de Janeiro la profesora universitaria Victoria Grabois, hija, hermana y esposa de desaparecidos durante el periodo de la dictadura en Brasil.

Grabois criticó también las operaciones que el Ministerio de Defensa brasileño llevará a cabo el próximo mes de agosto para buscar los cuerpos de los militantes de la llamada Guerrilla del Araguaia, desaparecidos entre 1972 y 1974 a manos del Gobierno de la dictadura.

La Guerrilla del Araguaia fue un movimiento guerrillero contra el régimen creado a inicios de los años 70 en la región situada en el sureste del estado amazónico de Pará y formado por cerca de 80 personas, de las que al menos 59 murieron o desaparecieron tras enfrentamientos con el Ejército.

La profesora, cuyos familiares formaron parte del grupo guerrillero, considera que se trata de "una operación de guerra" puesto que estará liderada por el ejército y señaló que es "una afrenta a la población local" y pone además en peligro el hallazgo de restos y pruebas.

Además, para Grabois, esta operación es una reacción que se explica porque el Gobierno "estremeció" al conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había aceptado la querella presentada por grupos humanitarios para analizar el caso de la Guerrilla del Araguaia.

Según explicó, la sesión para juzgar estos hechos en la Corte debería iniciarse en el primer semestre del año que viene.

Por su parte, la presidenta del Grupo Tortura Nunca Mais, Cecilia Coimbra, también se mostró contraria al proceso iniciado por el actual Gobierno para repartir indemnizaciones económicas entre los familiares de los desaparecidos al considerar que esto supone "el final del proceso".

Para la activista, las indemnizaciones son un derecho aunque, según una resolución de las Naciones Unidas que citó en su intervención, el concepto de reparación "consiste en decir qué pasó, cómo ocurrió y quiénes fueron los responsables de lo que pasó".

"Y después de eso, hay que reparar con dinero, pero eso es sólo el final del proceso", explicó Coimbra.

La presidenta del grupo en favor de los Derechos Humanos lamentó también que actualmente Brasil "es el país más atrasado en el proceso de reparaciones de cuantos tuvieron una dictadura en América Latina".

Ambas mujeres denunciaron la falta de voluntad política del Gobierno brasileño para abrir los archivos militares de la época que, según ellas, podrían aportar pruebas claras sobre lo ocurrido durante los años de la dictadura.

"Lo que ocurre es que el Gobierno, para tener la gobernabilidad, se muestra connivente con torturadores y gente que violó los derechos humanos", apuntó la presidenta del Grupo Tortura Nunca Mais.

Precisamente, el pasado mes de junio, el diario brasileño O Estado de Sao Paulo hizo públicos unos documentos pertenecientes al mayor retirado Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, el oficial vivo más conocido del régimen militar, en los que se reconoce que el Ejército ejecutó a 41 presos de la Guerrilla del Araguaia.

Sin embargo, la activista destacó que ni siquiera esos documentos son oficiales puesto que fueron revelados por un medio de comunicación y aseguró que sabe que "los archivos existen, aunque argumenten que se quemaron".

Para la presidenta del grupo humanitario, la apertura de estos documentos, junto con otras fuentes alternativas, puede ser esencial para contar una historia "que necesita ser contada".