Experto sostiene que la reforma legal no logra acelerar el cobro de acreedores

Burgos.-  La reforma de la Ley Concursal que el Gobierno realizó en marzo de este año para intentar agilizar los procedimientos en estos momentos de crisis, cuando crecen este tipo de procedimientos, no ha logrado su objetivo, en opinión del titular del juzgado de lo Mercantil de Burgos, José María Tapia.

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(EFE)

La reforma de la Ley Concursal que el Gobierno realizó en marzo de este año para intentar agilizar los procedimientos en estos momentos de crisis, cuando crecen este tipo de procedimientos, no ha logrado su objetivo, en opinión del titular del juzgado de lo Mercantil de Burgos, José María Tapia. EFE/Archivo

El nuevo texto de la ley establece, entre otras medidas, la creación de un registro público nacional para los concursos, aunque no ha entrado en vigor aún.

Además, se intenta abaratar los costes y acelerar los procedimientos utilizando las nuevas tecnologías y eliminando obligaciones de publicación de los concursos de acreedores en prensa escrita.

Mientras el Gobierno prepara una nueva reforma de la ley, lo procedimientos concursales vienen a tardar en resolverse unos dos años o dos años y medio cuando son de carácter ordinario.

La ley marca como objetivo que los procedimientos concursales abreviados duren la mitad pero en la práctica la reducción de tiempo no suele ser demasiado significativa.

Es un factor que agrava aún más el problema que supone el hecho de que la mayoría de los empresarios esperan hasta que la situación es "muy apurada" para iniciar un procedimiento concursal, ha explicado Tapia en una entrevista concedida a Efe.

El titular del juzgado de lo Mercantil de Burgos, que se encarga en exclusiva de esta materia desde junio de este año, ha señalado que el "desconocimiento de la ley concursal y un cierto pudor" de los empresarios a utilizarla para evitar la quiebra hace que el 90% de las empresas que llegan al juzgado en España para iniciar un procedimiento de este tipo acaben cerrando.

Incluso ha asegurado que el porcentaje es aún mayor en Burgos, donde superan ampliamente el 95%.

En su opinión, "el problema es que la gente piensa que acudir a este procedimiento es un estigma y que te mirarán mal, cuando en realidad puede ser un remedio y una solución siempre que no se acuda a esta fórmula cuando ya no quedan bienes y derechos y el volumen de deuda es demasiado alto".

Tras recordar que este procedimiento no se ha diseñado para facilitar las quiebras, sino para "reordenar la situación financiera y los créditos y poder seguir adelante", Tapia ha señalado que en otros países europeos se utiliza mucho más el procedimiento concursal.

De hecho, España ocupa el penúltimo lugar de los países de la Unión Europea en cuanto a procedimientos concursales.

Tapia asegura que el número de procedimientos concursales está creciendo desde el último cuatrimestre de 2008 en Burgos.

En todo el pasado año se presentaron 31 procedimientos y la mayoría eran del sector de la construcción.

Este año ya van 25 y afectan a todos los sectores, lo que hace prever que a final de año llegarán a setenta u ochenta, claramente más del doble que en 2008.

Ante esta situación, el juzgado de lo mercantil, que hasta junio funcionaba también como juzgado de primera instancia número 4, tiene necesidades especiales de refuerzo de su plantilla.

En este momento cuenta con nueve funcionarios estables más dos de apoyo asignados hasta finales de junio, aunque el juez ya ha solicitado su mantenimiento al menos hasta el final de este ejercicio.

Aunque las instalaciones son adecuadas, Tapia afirma que el elevado volumen de documentación que se maneja en estos procedimientos hace que estén agotando su capacidad de almacenaje.

El juzgado de lo mercantil de Burgos soporta también la recarga de trabajo de tener que resolver todos los asuntos sobre propiedad industrial que se suscitan en Castilla y León

Genera un importante volumen de trabajo, dado que se encarga de resolver demandas sobre el uso de rótulos de establecimientos, utilización de marcas y denominaciones de sociedades, conflictos relacionados con denominaciones de origen y problemas por el uso de marcas en bodegas y viñedos, provocados por la inscripción previa en la Oficina española de patentes y marcas.

Aunque la parte más conocida de los juzgados de lo mercantil son los procedimientos concursales y de propiedad industrial, estos juzgados atienden también cuestiones de propiedad intelectual, contratos de transporte, y consumidores y usuarios.