La Fiscalía de Ecuador presenta una protesta a la Interpol por el caso Santos

Quito.-  El Fiscal de Ecuador, Washington Pesántez, remitió una comunicación de protesta a Ronald Noble, secretario general la Policía Internacional (Interpol), porque negó la "difusión azul" de localización de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, se informó hoy.

Pesántez condenó el contenido de la nota oficial de la Interpol respecto a la petición de la difusión de la orden azul, que busca la obtención de información sobre la ubicación del implicado.

En esa nota oficial -señala un comunicado de la Fiscalía- se da a conocer que la Oficina de Asuntos Jurídicos considera que la publicación de las notificaciones azules infrigirían la normativa de la Interpol, por lo tanto se recomienda que no se publiquen dichas notificaciones.

Pesántez sostiene que la petición ecuatoriana se basa en aspectos jurídicos y no políticos, militares, religiosos o raciales, como sostiene la Interpol.

Para Pesántez, este tipo de acciones no reflejan la imparcialidad y la efectividad de organizaciones "creadas con el fin de combatir acciones atroces, no solo de interés nacional o bilateral; sino que ameritan un análisis de la comunidad internacional", dice el comunicado.

"La Fiscalía expresa su protesta ante el pronunciamiento infundado, y alejado de la realidad por parte de la Secretaría General de la Interpol", concluye.

El pasado miércoles, Pesántez señaló a periodistas locales que su país no descarta pedir a la Interpol que emita una "circular roja" contra el ex ministro Santos por su participación en el bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano.

Pesántez señaló que la Fiscalía insistirá ante la Interpol "no ya en la difusión (de una orden) azul", que busca la obtención de información sobre la ubicación del implicado, "sino en la difusión (de una orden) roja, que significará, habiendo prisión preventiva, la detención (de Santos) en cualquier lugar del mundo".

Después del bombardeo del Ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 en Angostura, un enclave selvático de Ecuador donde se radicaba un campamento clandestino de las FARC, la Fiscalía ecuatoriana inició una indagación previa.

En ese proceso investigó la muerte de 26 personas "acribilladas o asesinadas a golpes de culatazos de fusil en el cráneo de acuerdo al informe presentado por peritos franceses", según la Fiscalía.

Entre los muertos en la operación colombiana se encontraba el entonces número dos de la guerrilla, alias "Raúl Reyes", un ciudadano ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.

El ataque de Angostura provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, porque Quito consideró al traspaso de la frontera, sin autorización, como una violación de la soberanía.

La situación se complicó después de que abogados colombianos presentasen esta semana ante la Fiscalía de su país una demanda contra el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por los presuntos nexos de su Gobierno con las FARC y anunciaron que pedirán que sea denunciado ante la CPI por cargos de "terrorismo internacional".

El jurista Abelardo de la Espriella dijo a la televisión colombiana que la denuncia también incluye al ex ministro de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, para quienes solicitan procesos por el mismo delito.

Para el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, la demanda de los abogados colombianos es una "acción política" en respuesta a los actos de la justicia local contra Santos.