La CE recrimina a España la defectuosa evaluación del impacto ambiental de Puerto Mayor

Murcia.-  La Comisión Europea (CE) ha recriminado al Gobierno español la autorización del proyecto de construcción del puerto deportivo de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor (Murcia), y del dragado del canal del Estacio, que comunica la laguna salada con el Mediterráneo y retroalimenta sus aguas.

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(EFE)

En la imagen, barcos de recreo atracados en un puerto. EFE/Archivo

En una carta de emplazamiento, el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se ha dirigido al ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para que en el plazo de dos meses presente las observaciones pertinentes a lo que la CE considera una evaluación ambiental defectuosa, autorizada por el Gobierno autonómico de Murcia, competente en esta materia.

La carta, fechada el pasado 25 de junio y dada a conocer hoy por el PSOE murciano y por algunos medios de comunicación de esta región, dice textualmente que "el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben" respecto a la directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente al autorizar esos proyectos.

Según Dimas, esa autorización no se ha "supeditado a una evaluación que permitiera definir, describir y evaluar de manera conveniente los efectos directos, indirectos y acumulativos de esos proyectos".

A día de hoy, esos planes, el constructivo y el de dragado del canal que renueva los flujos de agua salada entre los dos mares, están paralizados cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia a raíz de sendos recursos contencioso-administrativos presentados por las organizaciones ecologistas Greenpeace y de Naturalistas del Sureste (Anse) -conjunto- y por el ministerio de Medio Ambiente en 2005, cuando estaba al frente de él Cristina Narbona, aún no resueltos.

Tanto los ecologistas como los socialistas se han felicitado hoy por la decisión de Dimas y respaldan los términos de su informe, de 17 páginas, que establece que esas obras pueden afectar seriamente a varios espacios naturales calificados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves en el entorno del mar Menor y de Isla Grosa, en el Mediterráneo, incluidos en la red Natura 2000.

En una nota, los ecologistas han pedido que se restaure ambientalmente la zona afectada por las obras ya realizadas, de forma que "se recupere para el dominio público marítimo terrestre la extensa playa de 700 metros de longitud que sería enterrada para su urbanización".

Por su parte, la diputada autonómica socialista murciana Teresa Rosique ha solicitado hoy en rueda de prensa la convocatoria de la diputación permanente del Parlamento de esta comunidad para que se fije fecha para un pleno extraordinario que trate este asunto.

Rosique ha recordado que fue el Gobierno murciano, "de la mano" de la empresa promotora del puerto y del dragado del canal, propiedad del empresario murciano Tomás Maestre, quien pidió al juez que levantara la paralización cautelar de las obras y permitiera su continuación total.

En un principio, Maestre preveía construir 3.000 viviendas y un hotel, urbanización que luego fue desautorizada por el Ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel, no así la zona de amarres, que se sigue realizando en la actualidad.

Respecto a la urbanización con viviendas que el Gobierno de Murcia dejó de permitir a la empresa, el comisario señala que "aunque las autoridades indican que actualmente los proyectos mencionados no incluyen desarrollos urbanos, éstos serán inevitables en terreno seminatural ganado al mar", unas 20 hectáreas rellenadas con la tierra extraída del dragado, de una profundidad de 4 metros.

Dimas denuncia que el Reino de España ha incumplido también la directiva comunitaria 92/43, de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres "al permitir actividades susceptibles de tener un impacto significativo" en los LIC terrestres y sumergidos, y "al abstenerse de adoptar las medidas convenientes para evitar el deterioro" de esos espacios.

"Si los cálculos hidráulicos de las autoridades españolas resultan correctos, debemos concluir que se producirá un aumento significativo de los volúmenes de agua que se intercambiarán, de un once por ciento anual, lo que supondría la renovación total de la masa de agua" de la mayor laguna salada de Europa, el mar Menor, "cada nueve años".