La jornada de protestas paraliza varias ciudades de Perú y deja 156 detenidos

Lima.-  La jornada nacional de protesta convocada hoy por indígenas, sindicatos y organizaciones peruanas para pedir al Gobierno cambios en la política económica paralizó varias ciudades del interior del país, en donde se presentaron algunos incidentes con un saldo de 156 personas detenidas.

Las manifestaciones se sintieron con mayor fuerza en el interior de país, en donde se presentaron bloqueos de vías y otros desórdenes lo que derivó en la detención de unas 156 personas, según reportó la Policía Nacional, que estuvo apoyada por el Ejército en el resguardo.

En cambio, en la capital peruana no se alteró sustancialmente la actividad.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) congregó a unas 3.000 personas en el centro de Lima, pero su secretario general, Mario Huamán, declaró que la movilización fue "un éxito", con marchas en ciudades de la costa y selva, así como paralizaciones en las ciudades de Arequipa, Cuzco, Puno, Huancavelica, Cañete, Chanchamayo, Satipo, Huánuco o Huancayo.

Los sindicatos de profesores del sector público, que reúnen a casi 300.000 maestros, y transportistas del servicio urbano también se habían sumado a un paro de sus actividades a nivel nacional, y fueron los que contribuyeron a paralizar parcialmente el país.

A diferencia del reporte del sindicato de profesores que dijo que el paro se acató en un 90%, el viceministro de gestión institucional del ministerio de Educación, Víctor Raúl Díaz, informó que el promedio de asistencia de docentes fue del 65% a nivel nacional y que en Lima subió al 80%.

El secretario general de la CGTP dijo que "el gran tema es el cambio de la política económica neoliberal y la solución a más de 280 conflictos sociales", al ofrecer una rueda de prensa, antes de dirigirse a los manifestantes en la céntrica Plaza Dos de Mayo.

El dirigente sindical subrayó: "no tenemos influencia o conspiración internacional. Si el Gobierno tiene pruebas de complot o intromisión que lo digan y que rompan relaciones (diplomáticas)".

El Gobierno peruano atribuyó la jornada de protesta y el clima de descontento social de los últimos meses a una presunta influencia del mandatario venezolano, Hugo Chávez, en los gremios organizadores y en el principal partido político de oposición, el Nacionalista Peruano de Ollanta Humala.

Precisamente, Humala estuvo hoy en el mitin en la plaza Dos de Mayo y declaró que este Gobierno está "creando fantasmas" y "hablan de conspiración internacional porque creen que el pueblo es incapaz de sentir y protestar".

Humala añadió que el crecimiento económico desigual genera resentimiento y violencia en la población.

Por tal motivo, el ex comandante del Ejército dijo que su partido Nacionalista y los movimientos de izquierda representan un cambio que respete el Estado de derecho y promueva un nuevo modelo económico.

De otro lado, las organizaciones amazónicas e indígenas convocadas a la movilización exigieron que el Gobierno dé garantías a su máximo líder, Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, para volver a Perú.

Huamán pidió que se investigue "la matanza de Bagua", en alusión a los enfrentamientos entre la policía e indígenas que dejaron 34 muertos (24 de ellos policías) en junio pasado, y que cese la persecución judicial contra los líderes nativos, pues la justicia ha ordenado la detención de Pizango y otros cuatro dirigentes amazónicos.

La crisis con las comunidades selváticas derivó en la renuncia del gabinete presidido por Yehude Simon, que será reemplazado el fin de semana, pero Huamán advirtió de que "el país va a seguir polarizado si el presidente elige a un gabinete con ministros secretarios".

Diversos gremios de trabajadores, estudiantes, pensionistas y representantes indígenas se concentraron en el mitin en el centro de Lima con carteles que pedían la renuncia del presidente Alán García, al que llamaban "sicario de los ricos", y también quemaron un ataúd de cartón que llevaba pegada las fotos de todo el gabinete de ministros.

En los últimos doce meses el país vive una espiral de conflictos sociales en los que se mezclan las reivindicaciones regionalistas, ambientalistas, financieras y políticas, sin que las numerosas mesas de diálogo instaladas por el gobierno consigan calmar las tensiones.