HRW acusa a los soldados hondureños de disparar a los ciudadanos y pide una investigación

Washington.-  Human Rights Watch (HRW) aseguró hoy que posee pruebas de que soldados hondureños dispararon contra manifestantes favorables al depuesto presidente Manuel Zelaya, e instó al nuevo Gobierno a dejar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue los hechos.

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(EFE)

Seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya se enfrentan a policías y soldados en el aeropuerto internacional de Toncontín el pasado 5 de julio.

Los disparos se registraron el pasado 5 de julio en el aeropuerto de Tegucigalpa, donde decenas de seguidores de Zelaya esperaban su regreso al país, y dejaron tras de sí diez heridos y al menos un muerto, el joven de 19 años Isis Obed Murillo.

Tras los enfrentamientos, varias asociaciones de defensa de los derechos humanos apuntaron a las fuerzas de seguridad como culpables, mientras que el nuevo canciller, Enrique Ortez, sostuvo que los disparos se produjeron entre grupos antagónicos y que en ellos no intervino la Policía ni el Ejército.

Sin embargo, según un comunicado difundido hoy por HRW, esta organización con sede en Washington ha tenido acceso a imágenes de varios medios y a testimonios de dos periodistas extranjeros, y dice que todas estas fuentes desmienten la versión oficial.

"La evidencia que hemos visto sugiere que los soldados dispararon a manifestantes que no llevaban armas", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Uno de los testigos que cita la organización aseguró que los manifestantes estaban, en efecto, desarmados, aunque "habían comenzado a arrojar piedras a los soldados desde cierta distancia".

Según estas fuentes, algunos de los soldados empezaron a disparar después de que los manifestantes comenzaran a desmantelar un cerco de la pista de aterrizaje del aeropuerto.

A continuación, "al menos dos soldados atravesaron el cerco y dispararon contra la multitud", y uno de los periodistas pudo ver cómo uno de ellos apuntaba a los manifestantes "deliberada y metódicamente".

En cuanto a las imágenes consultadas, HRW señala que muestran a los manifestantes "corriendo para protegerse de los disparos", y que puede verse también a algunos de ellos arrojando piedras a los soldados, aunque no se ve claramente a ningún soldado disparando.

Las imágenes también sugieren que "al menos algunos soldados usaron municiones" y no balas de goma, como sostiene el nuevo Gobierno hondureño.

La ONG argumentó que las armas que muestran las imágenes no disponían de los adaptadores necesarios para cargarlos con balas de goma.

Incluso en el caso de que la versión oficial sea cierta, continuó, este tipo de munición también "puede ser mortal" y sólo debe usarse "en casos de defensa propia o para defender a otros contra amenazas inminentes de muerte".

Por tanto, según la organización, "no parece haber existido una justificación adecuada para disparar balas de goma contra los manifestantes".

"Dado que hubo una víctima fatal, el Gobierno de facto tiene la obligación de asegurar que se lleve a cabo una investigación independiente en vez de negar toda responsabilidad", señaló Vivanco.

Para asegurar "una investigación seria" de los hechos, HRW considera que son necesarias "medidas especiales", por lo que pide al Gobierno de Roberto Micheletti que autorice la entrada al país de la CIDH, que envió una solicitud formal para visitar Honduras el pasado 30 de junio.

"La Comisión Interamericana brindaría a la investigación la independencia y la credibilidad necesarias. Como consecuencia del golpe, los funcionarios del Gobierno de facto simplemente carecen de estas cualidades", sentenció Vivanco.

Zelaya fue detenido y expulsado del país por los militares el pasado 28 de junio, tras lo cual el Congreso hondureño lo destituyó y nombró en su lugar al hasta entonces titular del Legislativo, Roberto Micheletti.

Ese día, el derrocado mandatario planeaba llevar a cabo una consulta popular para que los hondureños opinaran sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, a pesar de que había sido declarada ilegal por los poderes legislativo y judicial.