Madrid.- El Gobierno logró hoy convalidar su plan de reestructuración del sector financiero gracias al apoyo del PP, que pese a ser "crítico y escéptico" permitió sacar adelante una norma que querían reformar especialmente los grupos nacionalistas, enfadados porque limita la voz de las autonomías en las fusiones.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, que defendió el plan en un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, no logró así el máximo consenso que se había propuesto buscar y que reclamó hasta el final a los diputados.
Sus argumentos de que el decreto-ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es "coherente" con las competencias asignadas a las comunidades autónomas chocaron con los grupos nacionalistas, que acusaron al Gobierno de pasarse "por el forro" los estatutos autonómicos y pidieron sin éxito que el texto fuera tramitado como proyecto de ley para poder introducir cambios.
El grupo más duro en sus críticas fue Convergència i Unió (CiU), que sostuvo que el plan "reduce, se apodera, quita y hurta" las competencias autonómicas en materia bancaria, es "inconstitucional" y concede competencias "inadmisibles" al Banco de España.
De hecho, afirmó que el plan convierte "todo aquello que afecta a las cajas de ahorros" en un "cortijo particular" del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Lo contrario consideró el PP, que jugó hasta hoy con la posibilidad de la abstención y cuyo diputado Álvaro Nadal criticó que el texto no aborde la despolitización de las cajas de ahorros y la reducción de las competencias de las comunidades autónomas.
Así, consideró que la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) es una "reforma estructural básica", lo mismo que el partido de Rosa Díez.
No obstante, el PP terminó dando su apoyo "por responsabilidad" ya que el plan implica en última instancia que el crédito llegue a familias y empresas.
Ese argumento no fue suficiente para recabar el respaldo del resto de formaciones que también advirtieron de injerencias en las competencias autonómicas, como el PNV, ERC y el BNG.
El texto convalidado hoy conlleva la creación del FROB, que ofrece un máximo de 36.000 millones de euros este año y 99.000 millones a partir de 2010 para que las entidades financieras españolas afronten su reestructuración.
El FROB, que estará financiado en un 75% por el Estado y en un 25% por las entidades financieras a través de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD), sólo se utilizará en los casos más graves, los que exijan la intervención del Banco de España.
Precisamente, en esos casos el organismo tendrá la última palabra sobre las soluciones a tomar, aunque según Salgado las competencias de las comunidades autónomas se han mantenido intactas.
De acuerdo con el real decreto-ley, los títulos que el FROB adquiera al recapitalizar las entidades en dificultades serán participaciones preferentes, que en un plazo de cinco años -prorrogable dos más con un informe favorable del Banco de España- deberá recomprar la entidad.
Si no lo hace, el Estado se reserva el derecho a convertir las participaciones en cuotas con derechos políticos excepcionales en el caso de las cajas; en acciones en el caso de los bancos; o en participaciones del capital en el caso de las cooperativas.
De cualquier forma, el Estado tendrá un plazo máximo de cinco años para poder desprenderse de esas participaciones, con el objetivo de que no existan nacionalizaciones perpetuas.
El fondo contará con control parlamentario, ya que el secretario de Estado de Economía deberá comparecer en el Congreso trimestralmente para informar de su gestión.
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