Los vecinos hipotecados por un error burocrático continúan la batalla por sus viviendas

Santa Cruz de Tenerife.-  Los ochenta propietarios de los dos inmuebles de Santa Cruz de Tenerife afectados por un error burocrático que les convierte en deudores de más de 230.000 euros, siguen reclamando a la Administración que resuelva la equivocación que les impide disponer libremente de sus viviendas.

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(EFE)

En la imagen, los ochenta propietarios de los dos inmuebles de Santa Cruz de Tenerife, afectados por un error burocrático que les convierte en deudores de más de 230.000 euros siguen reclamando a la Administración que resuelva la equivocación que les impide disponer libremente de sus viviendas.

La batalla contra la Administración y los incansables paseos de mostrador en mostrador comenzaron el pasado mes de febrero cuando Carmen Rosa Navarro, una de los propietarias de los edificios, acudió a una entidad bancaria para solicitar una ampliación de su hipoteca, que le fue denegada.

El motivo era que, según los documentos sobre la situación de su vivienda emitidos por el Registro de la Propiedad, el solar sobre el que se construyó el inmueble cuenta con una hipoteca de 230.990,24 euros desde 1964.

Los inmuebles, situados en la zona de la piscina municipal "Acidalio Lorenzo" de Santa Cruz son antiguas viviendas de protección oficial que los vecinos adquirieron libres de cargas en 1992 y 2001.

Años después de la compra algunos propietarios vendieron las viviendas y, como explica Carmen, "en ningún documento figuraba esta deuda".

En el Registro le confirman la existencia de la deuda, que, según explica, no figuraba en documentos anteriores debido a un error del mismo, asunto que deben solventar con el Instituto Canario de la Vivienda, organismo dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno regional, que en su día adquirió las viviendas al Gobierno central y deudor en la actualidad de esta cantidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno central.

En mayo, el ICO envió a Carmen Rosa Navarro un correo electrónico en el que responsabiliza al Instituto Canario de Vivienda de esta deuda, y al Registro de la Propiedad de no hacer las verificaciones correctas en su día y cancelar un oficio de carga cuando no debería haberlo hecho.

La Consejería de Vivienda se apoya en un documento emitido por el Servicio de Estudios del Banco de España que certifica que "no consta endeudamiento alguno de la Comunidad Autónoma de Canarias con el ICO" y garantiza a los afectados que "seguirán estudiando el caso".

Ante la demora de la administración para resolver el asunto, Carmen Rosa decidió abordar a Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, a su salida de una emisora de radio regional tras una entrevista para entregarle en mano un sobre con toda la documentación que ha ido a acumulando durante estos seis meses.

Después de aquel encuentro fue convocada a una reunión en Presidencia del Gobierno, donde volvió a relatar su situación.

Pese a la confianza depositada en "su" presidente, como indica la afectada, y las continuadas llamadas semanales para seguir la evolución de este asunto, el caso se encuentra en punto muerto.

Carmen Rosa relata la preocupación e impotencia de algunos propietarios como María, anciana sin familia que planeaba vender su vivienda en unos años para ingresar en una residencia, gestión obstaculizada por la deuda que en la actualidad recae sobre las viviendas.

"Lo que queremos es que nos reciban y que nos digan cómo solucionar este problema", indica Carmen Rosa.

"Se pasan la papa unos a otros y no puedes hacer nada, estamos de manos atadas" indica otra de las afectadas, quien ante "el pasotismo de la administración" anuncia que emprenderán acciones legales.