La Paz.- La empresa argentina boliviana Catler Uniservice aceptó anular un contrato firmado con el Gobierno de Evo Morales y canceló un arbitraje iniciado contra el Estado por presuntos daños a sus intereses, informó hoy una fuente oficial.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, dijo que el consorcio envió una carta al centro de arbitrajes de la Cámara Nacional de Comercio en la que anuncia su decisión de suspender la demanda arbitral. EFE/Archivo
El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, dijo a los medios que el consorcio envió una carta al centro de arbitrajes de la Cámara Nacional de Comercio en la que anuncia su decisión de suspender la demanda arbitral iniciada en abril pasado.
"(La firma) también presentó otra nota a la Corte Suprema de Justicia indicando que está de acuerdo con la nulidad del contrato", señaló Villegas y agregó que YPFB espera un dictamen del ente judicial que le permita anular el documento.
En julio de 2008 Catler Uniservice firmó un contrato con YPFB, entonces presidida por Santos Ramírez, para la construcción en el oriente boliviano de una planta procesadora de gas por 86 millones de dólares.
Sin embargo, el documento fue anulado en abril pasado por el directorio de la petrolera al detectar irregularidades en el proceso de adjudicación que se revelaron por un escándalo de corrupción.
A fines de enero, el gerente de la firma Catler, Jorge O'Connor D'Arlach, fue tiroteado por asaltantes cuando ingresaba con 450.000 dólares a una casa de familiares del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para supuestamente pagarle una comisión ilegal.
El escándalo provocó que Ramírez fuera encarcelado, acusado de corrupción en la petrolera estatal, que también ha sido intervenida por el Gobierno para relanzarla.
Hace tres meses, la estatal boliviana reclamó ante la Corte Suprema la anulación del contrato y, además, decidió suspender los pagos a las firmas argentinas SICA y Lito Gonella, subcontratadas por Catler para la construcción de partes de la planta de gas.
La supresión de pagos a las empresas argentinas fue el motivo por el que Catler emprendió el arbitraje.
Por su parte, el Gobierno creó comisiones para investigar los hechos de corrupción en YPFB y para comprobar el progreso en la fabricación de la planta procesadora.
Villegas informó hoy de que una delegación técnica visitó doce ciudades de Estados Unidos para verificar los avances en la construcción de piezas por parte de otra empresa subcontratada, la estadounidense Gulsby.
El presidente de YPFB anunció que una vez que reciba el informe de esta comisión, convocará al directorio de YPFB para decidir la continuidad o suspensión definitiva del proyecto.
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