Trabajo cifra en 2.053 millones el coste de la ayuda a los parados y la rebaja de cotizaciones

MADRID.-  El Ministerio de Trabajo calcula que la ayuda temporal de 420 euros mensuales para los parados que se hayan quedado sin ingresos y la rebaja de cotizaciones en medio punto en contingencias profesionales, dos de las más de diez medidas contenidas en el borrador de acuerdo que ha propuesto a sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social, tendrán un coste global de 2.053 millones de euros.

ampliar foto

EP (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Trabajo calcula que la ayuda temporal de 420 euros mensuales para los parados que se hayan quedado sin ingresos y la rebaja de cotizaciones en medio punto en contingencias profesionales, dos de las más de diez medidas contenidas en el borrador de acuerdo que ha propuesto a sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social, tendrán un coste global de 2.053 millones de euros.

En concreto, según el texto del borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, el subsidio de 420 euros mensuales que podrán percibir los desempleados que hayan terminado su periodo de prestaciones implicará un coste de 453 millones de euros. Trabajo prevé que de esta ayuda, que durará seis meses, podrán beneficiarse 200.000 parados entre octubre de 2009 y marzo de 2010.

En el borrador, que consta de seis páginas y en el que llegan a figurar hasta 15 medidas -algunas anunciadas hace tiempo-, el Ministerio de Trabajo se refiere a este subsidio para parados sin prestaciones como 'Programa Temporal de Inserción' para desempleados, precisando que dicho programa estará ligado a la formación por parte de las comunidades autónomas y que, en su caso, se podrá hacer uso de los recursos adelantados para 2009 y 2010 del Fondo Social Europeo.

Trabajo también aclara en este texto, que seguirá discutiéndose en la mesa de diálogo social, que "no desea generar un nuevo subsidio por desempleo de carácter permanente y tampoco ampliar los supuestos protegidos por la renta activa de inserción".

Por su parte, la rebaja de cotizaciones que se plantea en el documento -medida reclamada largamente por los empresarios- se cifra en 1.600 millones de euros y se precisa que para financiarlos se utilizarán los excedentes anuales de las mutuas de accidentes de trabajo, así como las reservas de estas entidades.

Este recorte de cuotas consistirá en una rebaja de medio punto en el subsistema de contingencias profesionales y, según señala Trabajo, tiene por objetivo favorecer la recuperación del empleo. El Departamento dirigido por Celestino Corbacho subraya que, al no incidir en la financiación de las contingencias comunes, esta rebaja de cotizaciones "no incide en la sostenibilidad del sistema público de pensiones" ni en su situación financiera, pues sólo movilizará "recursos ociosos acumulados por el propio sistema".

El borrador, sujeto a posibles modificaciones, también plantea medidas para mejorar las oportunidades de empleo de los parados y la intermediación en el mercado laboral. Así, se afirma que, en un periodo inferior a tres meses, el Gobierno, junto con los agentes sociales, procederá a suprimir las actividades en las que actualmente tienen prohibido operar las empresas de trabajo temporal (entre ellas construcción y administraciones públicas) y a regular y a autorizar a las empresas de recolocación.

"REVISIÓN" DE LOS CONVENIOS Y DEL MODELO DE RELACIONES LABORALES

El texto planteado por el Ministerio incluye asimismo el compromiso de los agentes sociales a cerrar en seis meses un acuerdo bilateral para la revisión de la negociación colectiva que, según se apunta en el borrador, debe comprender más flexibilidad interna a nivel de empresa y mayor facilidad para utilizar las llamadas cláusulas de descuelgue (posibilidad de que las empresas puedan rechazar las subidas salariales pactadas previamente si demuestran que tienen dificultades para poder llevarlas a cabo).

Una vez finalizado este proceso de revisión de la negociación colectiva, el documento añade que el Gobierno y los agentes sociales efectuarán una evaluación de los resultados de las medidas adoptadas desde 2006 tanto en la política de fomento del empleo "como en el modelo de relaciones laborales", sin mencionar explícitamente las palabras reforma laboral.

En materia de Seguridad Social y con el fin de cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo, el Ejecutivo se compromete en el texto a diseñar un calendario para materializar la separación de fuentes, al objeto de que los complementos de mínimos de las pensiones se financien presupuestariamente.

LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO

El documento dedica también un apartado a exponer algunas de las medidas para combatir el absentismo laboral, del que dice que incide "negativamente" sobre la competitividad de las empresas.

Para paliar esto, se ha constituído un grupo de trabajo con la participación del Ministerio y los agentes sociales que, según el borrador, en el plazo de tres meses se compromete a abordar el establecimiento de convenios entre la Seguridad Social y las comunidades para garantizar el seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes desde el primer día de la baja, así como la implantación de acuerdos de colaboración entre las empresas que garanticen, mediante acuerdos con los sindicatos, la reducción de costes gracias a la mejora de las condiciones laborales y de los instrumentos de control.

En el borrador, se incluyen además medidas para mejorar y modernizar la formación profesional y la formación para el empleo, y se mencionan otras iniciativas ya anunciadas, como la modificación de la deducción por inversión en vivienda habitual, la reforma de la Ley Concursal, el Fondo para la Economía Sostenible o la revisión para 2010 de las líneas del ICO para simplificarlas y darles mayor flexibilidad.

Asimismo, en el borrador se recuerda que el Impuesto sobre Sociedades se reducirá cinco puntos durante tres años para empresas de menos de 25 trabajadores, con un volumen de rentas inferior a los 5 millones de euros, y que mantengan o amplíen su plantilla en 2009 y 2010. El coste estimado de esta medida es de 1.000 millones anuales que, según Trabajo, se pueden compensar con el mantenimiento de al menos 89.000 empleos "y, por tanto, el menor pago de prestaciones".