Tegucigalpa.- Honduras atravesará un complejo camino hacia las próximas elecciones con independencia del resultado y la celebración de la consulta del domingo impulsada por el presidente, Manuel Zelaya, para convocar a una Asamblea Constituyente, dijeron hoy políticos y diplomáticos.
Varios ciudadanos se manifiestan en favor de la cuarta urna promovida por el presidente hondureño, Manuel Zelaya en la Plaza Libertad de Tegucigalpa (Honduras).
Dirigentes políticos alertaron de un posible agravamiento de la tensión si no se superan las diferencias entre un amplio sector de la sociedad hondureña y Zelaya, pero manifestaron su confianza de que sí habrá elecciones generales el 29 de noviembre próximo.
"Debemos retomar el cauce de las cosas", dijo a Efe el presidente del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD), Jorge Aguilar, quien expresó su confianza en que "en enero se va a cambiar el Gobierno", como establece la Constitución.
Aguilar advirtió de posibles "disturbios" de "grupos de presión" para obligar a que el Parlamento acepte los resultados de la encuesta, que no es vinculante y fue declarada ilegal por la justicia ordinaria y electoral.
Una eventual acción legal del Parlamento que pende contra Zelaya "va a polarizar más" la situación, insistió Aguilar.
El presidente del izquierdista Partido Unificación Democrática de Honduras (UD), César Ham, aliado de Zelaya, también advirtió a Efe de una nueva polarización una vez se haya realizado la consulta.
"A partir del lunes, sin lugar a dudas se va a polarizar más la situación y nosotros creemos que el mecanismo eficiente para encontrar una solución es el diálogo", indicó Ham, también candidato presidencial.
El presidente del Partido Nacional, principal fuerza de oposición, y alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, manifestó a la prensa que después de la consulta "el pueblo deberá seguir la ruta hacia las elecciones".
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, señaló a la prensa que "mirando más adelante de la encuesta, se tiene que normalizar la situación en Honduras, crear un diálogo político, enfocarse en los temas que de verdad son primordiales", como las elecciones.
"En noviembre, el pueblo hondureño va a tener la oportunidad de elegir su nuevo liderazgo y el proceso democrático seguirá para adelante", apostilló Llorens.
El Partido Nacional propuso hoy, a través de su candidato presidencial, Porfirio Lobo, crear una comisión de altos representantes de la sociedad hondureña e internacionales, para abrir "un gran diálogo nacional" y superar el conflicto político.
En una consulta sin padrón ni órgano supervisor, manejada totalmente por el Gobierno de Zelaya, que proclamará los resultados, los hondureños dirán si quieren o no que en los comicios, además de elegir presidente, diputados y alcaldes, se instale una cuarta urna para que se convoque una Constituyente.
La consulta enfrenta el rechazo de un amplio sector político, empresarial, social y religioso, e incluso el gobernante Partido Liberal abandonó hoy a Zelaya al pedir a sus miembros que no participen en la consulta por ser ilegal.
Según los opositores, el gobernante pretende utilizar el resultado de la encuesta para romper el orden constitucional y continuar en el poder más allá del 27 de enero, lo que él rechaza, aunque no descarta aspirar en el futuro a la reelección, prohibida por la actual Constitución, vigente desde 1982.
La tensión que precede a la consulta, que tampoco es respaldada por las Fuerzas Armadas, también refleja las diferencias acumuladas en los últimos años entre Zelaya y diversos sectores políticos, económicos y ciertos medios de comunicación.
El embajador Llorens reiteró el apoyo de Washington a Zelaya, al enfatizar que "el actual Gobierno es el Gobierno hasta (que termine) su mandato" de cuatro años.
La tensión se disparó entre el miércoles y el jueves, a raíz de la decisión de Zelaya de destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vázquez, por no apoyar la encuesta.
El Parlamento abrió el jueves, entre rumores de golpe de Estado, una investigación de las actividades del presidente, acción que, según la propia Constitución, puede desembocar en la destitución de Zelaya, aunque el informe de la comisión encargada sigue pendiente.
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