49 bancos, 46 cajas de ahorro y 90 cooperativas de crédito. Sólo sobrevivirán las más solventes. Pero racionalizar un sector sobredimensionado se necesita una importante inyección de capital que permita abordar procesos de integración, fusiones o absorciones. 9.000 millones de euros para abrir boca que podrían alcanzar un tope de 27.000 antes de fin de año, y con capacidad para inyectar hasta 90.000 en los próximos años. Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, ha insistido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tras la aprobación del decreto ley, en que la 'happy hour' jamás se convertirá en barra libre. Control extremo y transparencia para garantizar el buen uso de los fondos públicos.
Salgado controlará que no se consuman más ayudas de la cuenta
La situación debe ser crítica. Sobre todo por el empeño de Elena Salgado en que no existe "ninguna entidad con problemas urgentes". Lo cual choca con el silencio que durante meses ha rodeado la gestación del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y de la necesaria hoja de ruta para intervenir entidades financieras agonizantes y para propiciar fusiones o absorciones, según requiera cada caso concreto. La AEB, la CECA, el BCE y el FMI se han quedado afónicos exigiendo su aprobación, dada la desazón de todo el sector sabiendo que la cuenta atrás era una realidad en algunas cajas de mediano tamaño con sobrecogedora dependencia del ladrillo. Guardar el secreto en torno a la maltrecha salud ha sido una de las peticiones más demandadas desde el poder. Había que ser responsable y abstenerse de crear alarma entre los clientes. Los datos que se conocen cada mes hablan por sí solos. La morosidad en mayo se ha situado en el 4,5%, con la consiguiente merma de las provisiones y una notable caída de la actividad y de la rentabilidad. Con este panorama, sobran sucursales y concentración de riesgos. El Banco de España recomienda reducir el número de cajas a la mitad y el FMI (Fondo Monetario Internacional) cifra en 20 las entidades que deben pasar a mejor vida.
Aprobada ya la herramienta para reordenar el sector, hay varios asuntos que preocupan. El primero, no despilfarrar dinero público en los entidades zombies. Miguel Angel Fernández Ordoñez, gobernador del Banco de España, se declaró el martes durante su intervención en la comisión de Economía del Congreso resuelto a no permitir que eso suceda. "Mi obligación es decir a unos y a otros, que los reyes magos no existen". Con esa frase respondía a la vez a las peticiones del PP sobre traspasar el poder al Banco de España para racionalizar el gasto y de los nacionalistas vascos y catalanes, inquietos ante la posibilidad de perder cuota de poder en las cajas de sus comunidades. "Es preciso respetar la competencia que los estatutos otorgan a las comunidades autónomas, la capacidad de veto y si hay fusiones, lo lógico es apostar porque se realicen entre cajas catalanas" demandaba Joan Ridao de Esquerra Republicana en el mismo escenario. Mantener el control era su gran reto. Al final, las ayudas del Estado se traducirán en "cuotas participativas sin derechos políticos que tendrán que ser recompradas por la entidad un plazo máximo de cinco años", tal y como explicado Elena Salgado.
En el tira y afloja ganan los sindicatos, quienes se oponían a que las acciones preferentes tuvieran derechos políticos porque consideraban que suponía abrir la puerta a inversores privados. También ha pesado el compromiso de Zapatero con Pepe Griñán y José Montilla, dos de los presidentes autonómicos socialistas más influyentes. "El papel de las comunidades con las cajas, es el mismo que desempeña el ministerio de Economía con los bancos: autorizar fusiones bancarias. Los poderes quedan vigentes y no se modifica la ley de Cajas", ha zanjado la vicepresidenta económica. En el frente de los perdedores, los expertos económicos, partidarios de afianzar el poder de los gestores a base de acciones con derechos políticos y de rebajar el control autonómico.
El fondo de rescate dispondrá de recursos procedentes de "los presupuestos generales del Estado, del remanente de las líneas de crédito que no se han utilizado, en tres cuartas partes y de los fondos de garantía de depósito en una cuarta parte", ha especificado Salgado. El FROB pretende impulsar procesos de integración de entidades solventes que necesiten una inyección de capital para culminarlas, fusiones y absorciones. En caso de entidades comatosas en la que haya que intervenir, el Banco de España, con la ley de Disciplina e Intervención en la mano, tendrá carta blanca para "determinar el camino a seguir", en palabras de la ministra. Es decir, Miguel Angel Fernández Ordoñez, será al final quién decida sin condiciones cuándo se requiera una limpieza a fondo.
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