San Sebastián.- San Sebastián, 25 jun (EFE), 25 jun (EFE).- El alcalde de Azpeitia (Guipúzcoa), Julián Eizmendi, ha rechazado hoy que la ordenanza municipal sobre el uso del euskera en esta localidad discrimine el castellano, como según ha dicho, interpreta de forma "errónea" el Tribunal Supremo (TS).
El alcalde de Azpeitia, Julián Eizmendi (i), y el abogado Iñaki Agirreazkuenaga, han opinado hoy en San Sebastián sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la ordenanza de euskera de este municipio guipuzcoano, al considerar que la finalidad real pretendida por la norma era la exclusión del uso del castellano como lengua oficial.
Eizmendi ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, junto al catedrático de Derecho Iñaki Agirreazkuenaga, y la diputada foral de Cultura y Euskera, María Jesús Aranburu, para opinar sobre la sentencia del TS que anula la citada ordenanza municipal al considerar que su finalidad real era la exclusión del uso del castellano como lengua oficial.
El TS confirmó con esta resolución una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y desestimó el recurso interpuesto en su contra por el consistorio azpeitiarra, al entender entre otros argumentos que la competencia del "fomento y desarrollo" del euskera corresponde a la Comunidad Autónoma y no a los ayuntamientos.
Durante su comparecencia hoy en San Sebastián, Eizmendi ha recalcado que la interpretación del TS de que la ordenanza "discrimina el castellano" resulta "errónea", porque "el principio fundamental" en el que se basa la norma municipal es que el ciudadano tiene "derecho a usar las dos lenguas oficiales -castellano y euskera- en todas sus relaciones diarias, tanto con la administración como en su vida privada".
El primer edil de Azpeitia, una localidad de 15.000 habitantes con un 95% de euskaldunes, ha precisado que se pretendía que el derecho "formal" a utilizar ambos idiomas que tienen todos los ciudadanos pasará a convertirse en un derecho "real", de forma que "el euskera tenga las mismas posibilidades que el castellano en su interrelación global".
El alcalde ha recordado asimismo que, cuando esta norma fue aprobada en 2005, se llegó a un "consenso" con todas las formaciones políticas, de forma que fue aprobada por unanimidad en un pleno en el que estuvieron representados el PSE/EE y el PP.
Eizmendi ha eludido pronunciarse sobre los próximos pasos a dar por el consistorio en este asunto sobre el que, según ha dicho, "ya se deliberará y se adoptará la decisión que se entienda conveniente, a nivel de los órganos del Ayuntamiento".
En cualquier caso, el experto legal Iñaki Agirreazkuenaga ha precisado que, dado que ante la resolución del TS sólo cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento podría dilatarse y no suspendería el cumplimiento de la sentencia, el "medio más efectivo" de respuesta para el Ayuntamiento sería aprobar una nueva ordenanza.
Agirreazkuenaga ha advertido, no obstante de que en esta segunda ordenanza habría que dejar "todavía más claro" que, "en ningún caso, se va a discriminar a nadie por usar el castellano".
Otra posibilidad apuntada por el experto es que el consistorio opte por aprobar un plan que, a diferencia de las ordenanzas no se publican en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, algo que en su opinión evitaría que fuera recurrido por el Abogado del Estado.
En cualquier caso, ha insistido en que nadie "podrá probar que a ningún ciudadano en el Ayuntamiento de Azpeitia se le haya discriminado por utilizar el castellano", mientras que en otros consistorios, como el de San Sebastián, se pueden encontrar "múltiples servicios" municipales que no pueden atender en euskera "porque los funcionarios no lo conocen".
Por su parte, la diputada foral de Cultura y Euskera, María Jesús Aranburu (PNV), natural de Azpeitia, ha trasladado su apoyo al Ayuntamiento de esta localidad.
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