Madrid.- Los servicios jurídicos del Estado estudian la reciente reforma de la Ley madrileña de Cajas de Ahorros para decidir si se retira el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno ante el Constitucional contra la antigua versión de esta norma, dijeron hoy a EFE fuentes gubernamentales.
Los servicios jurídicos del Estado estudian la reciente reforma de la Ley madrileña de Cajas de Ahorros para decidir si se retira el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno ante el Constitucional. EFE/Archivo
El pasado marzo, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid por considerar que suponía una "flagrante vulneración" de la norma básica estatal, al proponer una conformación "radicalmente distinta" de la Asamblea de Caja Madrid.
El recurso se presentó a petición del Ejecutivo después de recibir un dictamen del Consejo de Estado.
Según el órgano consultivo, la Ley de Cajas promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, y aprobada en la Asamblea de Madrid con el apoyo del grupo socialista el pasado diciembre, incluía una modificación "inconstitucional" de la representación de los consejeros generales de la entidad por los sectores de las corporaciones municipales y el de los impositores
Esos cambios daban lugar a una "conformación radicalmente distinta" del modelo participativo establecido en la Legislación estatal sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).
La pasada semana, la Asamblea regional del Madrid dio el visto bueno a la "adaptada" ley regional, lo que supuso el pistoletazo de salida para que la cuarta entidad financiera española adapte a la norma sus estatutos y su proceso electoral, que acabará previsiblemente en noviembre con la elección del su presidente.
La ley aprobada en la madrugada del jueves al viernes en el parlamento regional contó con el apoyo de PP e IU y el voto en contra del PSOE.
A mediados de mayo, el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, consideró que el nuevo texto normativo despejaba cualquier duda de inconstitucionalidad, ya que todos los aspectos recurridos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional se derogan y se sustituían "estrictamente" por la Ley LORCA.
Ese mismo día, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que el Ejecutivo retiraría el recurso si las autoridades regionales modificaban su proyecto inicial y efectivamente respetaba la Ley nacional.
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