Bárcenas pide declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo

MADRID.-  El tesorero del Partido Popular y senador, Luis Bárcenas, ha solicitado declarar de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo (TS), en un escrito dirigido a la Sala Segunda de este tribunal. La defensa de Bárcenas argumenta la "situación de indefensión" de su representado y la "repercusión mediática" de las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en relación a la trama Gürtel.

Senado (EUROPA PRESS)

El tesorero del Partido Popular y senador, Luis Bárcenas, ha solicitado declarar de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo (TS), en un escrito dirigido a la Sala Segunda de este tribunal. La defensa de Bárcenas argumenta la "situación de indefensión" de su representado y la "repercusión mediática" de las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en relación a la trama Gürtel.

En un escrito dirigido al TS, los abogados del tesorero del PP insisten por todo ello en personarse y piden "audiencia" para efectuar las "alegaciones que interesen al derecho" de Luis Bárcenas, "todo ello con carácter urgente".

Piden también que, previamente, se les traslade la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al enviarle el caso al Supremo, así como los informes que acompañan a la misma, en alusión al informe de la Fiscalía Anticorrucpión en el que se atribuye a Bárcenas un delito contra la Hacienda Pública y otro de cohecho y un informe de la Agencia Tributaria.

El senador remitió un escrito al TSJM el pasado 16 de junio en el que pedía personarse en la causa solicitando la declaración voluntaria, tras las noticias aparecidas en los medios de comunicación; sus abogados pedían garantías para su derecho a la defensa, solicitando copia de los citados informes. Ahora, vuelven a reclamarlos antes de que Bárcenas pueda declarar.

QUERELLA CONTRA 'EL PAÍS'

Por otro lado, Luis Bárcenas ha presentado una querella criminal contra el diario 'El País' por las informaciones publicadas el pasado 17 de junio vinculándole con el blaqueo de capitales en el Caribe. Además, avisa que presentará más acciones legales si se pretende incriminarle en "conductas absolutamente inexistentes".

En un comunicado de prensa, Bárcenas explica que esa querella tendrá por objeto "los delitos de injurias y calumnias que habrían cometido los responsables del mencionado diario" por verter, dice, "un auténtico cúmulo de falsedades" contra su persona.

Así, califica de "rotundamente incierta" la información acerca de que tendría una cuenta en una isla caribeña en la que habría recibido determinadas cantidades de la denominada trama corrupta de Francisco Correa.

A su juicio, esas informaciones se han publicado "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio a la verdad" y "con la única finalidad de perjudicar gravemente" su reputación e imagen pública "en el seno de una persecución mediática absolutamente reprobable e injustificada".

"De igual forma, es mi voluntad informar que continuaré ejercitando cuantas acciones legales me asisten frente al sorprendente comportamiento de quienes han pretendido incriminarme en conductas absolutamente inexistentes", concluye.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA

Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo en 2002, en tiempo de la mayoría absoluta del PP, abrió la puerta a que los parlamentarios que están siendo investigados por el Tribunal Supremo puedan participar en las diligencias sin necesidad de tramitar un suplicatorio ante la Cámara correspondiente.

La reforma determina que la admisión de una denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que derive la imputación de un delito deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del parlamentario afectado, el cual tendrá la facultad de "asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella, declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias".

Todo ello sin necesidad de pedir un suplicatorio, el permiso que el Tribunal Supremo debe pedir a las Cortes y que se precisa sólo para inculpar o procesar.