Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aplazó para el 25 de junio la decisión sobre la sanción o el veto de una polémica ley de regularización de tierras en la Amazonía, informó hoy el ministro de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel.
La polémica ley aprobada en el Senado apunta a regularizar la propiedad de tierras ocupadas en la Amazonía desde el año 2004. EFE/Archivo
Según el servicio estatal de noticias Agencia Brasil, Cassel señaló que el mandatario se reunió este jueves con varios ministros y dejará para la fecha límite de la sanción su decisión, aunque evitó dar detalles sobre posibles vetos o aprobación de la medida.
"El presidente no se posicionó. Va a construir su posición hasta el día 25, de vetar o no vetar. La manifestación del presidente es de que no hay ninguna justificativa para calificar la medida como una ley de 'invasores' (de tierras). Ella es el fin de eso y nosotros vamos a mostrar eso en la práctica", indicó el ministro.
Cassel apuntó que Lula "escuchó" los argumentos y las recomendaciones de todos los ministros y de los líderes del Gobierno en el Congreso.
La polémica ley aprobada en el Senado apunta a regularizar la propiedad de tierras ocupadas en la Amazonía desde el año 2004.
El texto fue aprobado en la cámara alta por presiones del llamado "grupo rural", integrado por parlamentarios de diversos partidos, y modificó sustancialmente un proyecto de ley presentado por el Gobierno.
La propuesta original planteaba regularizar la propiedad de las tierras amazónicas con extensiones de hasta 1.500 hectáreas y que estén ocupadas desde antes de 2004.
Asimismo, incluía diversos compromisos para quienes reciban los títulos de propiedad, entre ellos la obligación de recuperar las áreas ya desforestadas y limitaciones para nuevas talas de árboles, que fueron suavizados por el grupo parlamentario de la "bancada rural".
El Gobierno también contemplaba un plazo de diez años para la regularización a fin de comprobar que las normas eran cumplidas, pero el texto aprobado ha reducido ese período a solo tres años.
Las modificaciones introducidas al proyecto añaden además la posibilidad de que las tierras puedan ser vendidas una vez que la propiedad haya sido regularizada, lo que en el proyecto original también contemplaba solo en un plazo de diez años.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil instó al mandatario a vetar las modificaciones que sufrió en el Senado la polémica ley.
El ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, ya había alertado de que si la ley era aprobada con las modificaciones planteadas por la "bancada rural" se expondría a la Amazonía al "desastre ambiental".
Según Minc, la promulgación de ese texto puede incluso suponer "el fin" del llamado Fondo Amazonía, mediante el cual Brasil aspira a captar donaciones de otros países para invertir en la protección del mayor pulmón vegetal del planeta.
El año pasado, el Gobierno de Noruega se comprometió a aportar 1.000 millones de dólares para ese fondo, mientras que Corea, Japón y Suecia han manifestado igualmente interés en colaborar.
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