El ex jefe logístico y otros 7 presuntos miembros de ETA son juzgados en Francia

París.-  El ex jefe del aparato logístico de ETA Félix Ignacio Esparza Luri y otros siete presuntos miembros de la banda detenidos en 2004 comparecieron hoy ante la justicia francesa para responder por su vinculación con un taller de confección de artefactos explosivos.

Esparza Luri (46 años), que ya ha sido condenado a dos penas de 19 y 17 años de cárcel en Francia, volvió a sentarse en el banquillo del Tribunal de lo Criminal de París en esta primera jornada del proceso en el que está acusado, entre otras cosas, de dirigir el taller que la organización terrorista denominaba "Basati" en una casa de la localidad vascofrancesa de Saint Michel.

Esas instalaciones ubicadas a pocos kilómetros de la frontera española, según los elementos aportados en la lectura del sumario, fueron utilizados por ETA desde comienzos de los 90 y hasta su localización por la policía el 4 de abril de 2004, en una operación que culminó con la detención de los ocho acusados.

El que fuera el responsable de electrónica de la organización terrorista, Íñigo Elizegi Erbiti, en un documento que se le incautó al ser arrestado unos meses más tarde, detallaba la creciente actividad e importancia para ETA de "Basati", de donde salieron durante años los artefactos para coches bomba y otros atentados.

El propietario de esa propiedad rural, el vascofrancés Jean Marie Saint Pée (55 años) fue detenido allí junto a José Ceberio Ayerbe (43 años), quien tenía en su poder documentos que indicaban que la banda había realizado ensayos de un cohete tierra-aire con vistas a atacar aviones, y que tenían a ese respecto planes de atentado, junto a informaciones sobre vuelos del Rey y del presidente del Gobierno.

Saint Pée y Cebeiro -al que la policía española considera miembro del comando Goierri Costa hasta su desmantelamiento en 1991- figuran entre los acusados, al igual que otro histórico de ETA, Luis Enrique Gárate Galarza (51 años), que tiene en España cuentas pendientes con la justicia por su supuesta implicación en los años 80 en atentados, varios de los cuales se saldaron con asesinatos.

Gárate Galarza fue arrestado junto a Ibón Elorrieta Sanz (32 años, con el que comparte ahora el banquillo de acusados) en Charente (oeste de Francia) el 9 de febrero de 2004 al tratar de saltarse un control de carretera cuando iban en una furgoneta cargada con explosivos y diverso material, que según el acta de acusación había salido de Saint Michel.

Esas detenciones fortuitas fueron el desencadenante de toda la operación, que continuó primero con la captura dos días después en un piso franco de Limoges (oeste) de Jon Gonzales Gonzales (35 años) y Jon Kepa Preciado Izarra (33 años), que son objeto de órdenes de arresto españolas por su presunta implicación en atentados atribuidos al comando Vizcaya de ETA a comienzos de esta década.

Al comienzo del proceso, Esparza Luri leyó un texto en el que reclamó que se dé el paradero del etarra Jon Anza, del que no se tienen noticias desde que desapareció en el suroeste de Francia cuando iba a una cita clandestina de la organización terrorista.

El ex jefe logístico acusó a los servicios secretos españoles y franceses de la desaparición de Anza, habló de "terrorismo de Estado", dijo que como el resto de los acusados no reconoce legitimidad al tribunal que los juzga, y justificó su pertenencia a ETA y la lucha armada para conseguir el derecho de autodeterminación del País Vasco.

Más adelante, afirmó que el conflicto vasco sólo se resolverá "por la vía del diálogo y de la negociación" y terminó con un "¡Gora ETA!" su intervención, que fue seguida con el canto del himno al soldado vasco por el público y los acusados, incluido el francés Diego Ibarra, el único que comparece libre bajo control judicial.

Esparza Luri comparte con los demás diversos cargos, pero es el único procesado por tentativa de extorsión en razón de un documento que se le incautó en el que se detallaban operaciones planificadas para extorsionar a empresarios (dos aparecen con nombres y apellidos) y cobrarles en concepto de "impuesto revolucionario" 90.000 euros, 48.000, 46.100 y 6.000 respectivamente.