Un Plan constata la "alta integración" de la población inmigrante en Navarra

Pamplona.-  El Plan de Integración Social de la Población Inmigrante en Navarra 2002-2006 ha puesto de manifiesto "la alta integración de la población inmigrante" en la Comunidad foral, según la directora general de Asuntos Sociales, y Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez, que lo ha valorado "positivamente".

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(EFE)

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (3i), saluda a un grupo de inmigrantes en Pamplona. EFE/Archivo

Los resultados de la implantación de ese plan han sido expuestos por Álvarez en rueda de prensa en la que también han intervenido el director de la Escuela de Trabajo Social de la UPNA y coordinador del equipo Alter, Miguel Laparra, y la directora de la Oficina de Atención a la Inmigración, María Jesús Vicente, quien ha anunciado que próximamente se aprobará el Consejo Navarro de la Inmigración.

El hecho de que esos datos, correspondientes a un periodo de crecimiento económico, se presenten y analicen en un momento de crisis ha sido destacado por Laparra, quien ha subrayado que no hay que olvidar que "la inmigración es un gran reto y al mismo tiempo una oportunidad".

Tal y como ha señalado Álvarez, los resultados del plan muestran, por un lado, que se han producido cambios en la propia dinámica del modelo migratorio, que de estar basado en la irregularidad de la población inmigrante, ha avanzado hacia la regularización reagrupando a los familiares o construyendo familias nuevas.

Además, se están consiguiendo mejores empleos o accediendo a viviendas en condiciones más óptimas, lo que lo convierte en un elemento estructural de la sociedad navarra.

En cuanto a la procedencia de la población inmigrante, ha resaltado que la mayor inmigración procede del este de Europa, cuando antes el porcentaje más alto llegaba de América Latina.

Desde el punto de vista de acogida se ha consolidado el modelo diseñado en el plan, ya que la inmensa mayoría de los inmigrantes recurre, preferentemente en las primeras fases de su llegada, a los servicios de acogida, el 68 por ciento a entidades de iniciativa social y el 28 por ciento a los servicios sociales de base.

Además Álvarez ha indicado que las oficinas públicas de empleo constituyen una de las herramientas más importantes de búsqueda de empleo entre la población inmigrante.

En este contexto, ha valorado positivamente la formación como medio para mejorar la empleabilidad y la calidad del empleo de este colectivo, (el 16% de la población activa inmigrante ha recibido algún curso), un 12% ha utilizado los servicios de acogida y orientación laboral, un 20% han participado en los talleres de empleo, entre el 10 y el 15% en las escuelas taller, y un 38% en el programa del Empleo Social Protegido.

Por otro lado, en el acceso al empleo regular, en la actualidad se cifra en un 16% frente al 51% de trabajadores inmigrantes sin contrato del año 2000.

Respecto al ámbito de la vivienda, la evaluación concluye que "la situación, en términos relativos, ha mejorado", según Álvarez que ha indicado que el mercado libre ha sido la vía que habitualmente se ha utilizado para alquilar o adquirir una vivienda, al tiempo que ha señalado que en los primeros años "existía un acceso limitado a las viviendas de protección oficial, debido al peso asignado al empadronamiento en los criterios de adjudicación".

En relación con el sistema sanitario, destaca el acceso generalizado de la población inmigrante a la cobertura sanitaria y la constatación de que la percepción de discriminación es muy reducida (sólo el 7,5%) en este ámbito.

Durante este periodo el sistema educativo ha escolarizado a la mayoría de la población extranjera y para ello han aumentado los recursos humanos, el profesorado, los equipos de orientación, y los itinerarios escolares. No se ha detectado que exista alto nivel de desescolarización y se observa cierta concentración de niños inmigrantes en los centros públicos, así como un aumento de la enseñanza de castellano a los adultos.

Dentro del ámbito de los servicios sociales, ha señalado que "la renta básica ha sido el instrumento por el que se ha cubierto el objetivo de garantía de ingresos mínimos para las personas inmigrantes en los períodos de inactividad, cuando no se ha adquirido (o se ha consumido) el derecho a las prestaciones contributivas o en aquellas situaciones de pobreza extrema".

Álvarez ha destacado en este punto que los períodos de percepción de renta básica han sido inferiores en la población inmigrante respecto a la población autóctona, lo que pone de manifiesto el uso puntual de esta prestación en los inicios de su proceso migratorio o en la búsqueda de empleo.

También ha señalado que ha crecido el porcentaje de menores extranjeros, especialmente en recursos de carácter residencial (43% en conflicto social y 27% en protección).

Según la directora, "ha sido positiva la evolución de las relaciones sociales entre la población de acogida y la población inmigrante, que han caminado hacia la igualdad y la estabilidad", de ahí que la percepción de haberse visto discriminados se ha visto reducida en más de 20 puntos desde el año 2000.

Además, se observa la necesidad de seguir fomentando mecanismos de participación e interlocución, mediante la celebración de foros y otras experiencias de interlocución, como las que se llevan a cabo por algunas entidades locales.