IU y BNG creen que Directiva de Servicios es una amenaza al sector público

Madrid.-  IU y BNG mostraron hoy su oposición al proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio por considerar que supone una amenaza para el sector público, restringe el ámbito de aplicación de sus servicios y reduce la protección de los derechos de los ciudadanos.

En el debate de totalidad al mencionado proyecto, la diputada del BNG, Olaia Fernández, justificó la presencia de la enmienda a la totalidad de su grupo por el hecho de que desregula múltiples sectores de intervención administrativa y recorta las competencias autonómicas de regulación sectorial de actividades.

Además, añadió que el proyecto de ley elimina la exigencia de autorizaciones individuales para abrir un negocio y las limita a la existencia de razones imperiosas de interés general.

En su opinión, lo que se pretende es excluir que los gobiernos autonómicos introduzcan condicionantes en la directiva.

Asimismo, criticó que ofrece escasas garantías de los servicios para ciudadanos para que su funcionamiento tenga una calidad elevada.

Censuró la centralización de las reclamaciones a la UE, "porque entorpece los objetivos de simplificación administrativa y ocasiona perjuicios a los ciudadanos".

Por parte de IU, Gaspar Llamazares, defendió la enmienda a la totalidad e indicó que el proyecto de ley va más allá del carácter neoliberal de la Directiva europea y que antepone la libre circulación a los derechos sociales, con lo que, en su opinión, "vamos a una Europa con mucho mercado, pero sin alma".

Además, señaló que confunde "intencionadamente" la burocratización con el control público.

A su juicio, el Gobierno ha decidido hacer méritos ante la UE y sus políticas neoliberales, "siendo mas papista que el Papa".

Llamazares aseguró que el texto no protege de la competencia a los servicios esenciales, sino que la amplia mucho más, disminuyendo las restricciones, que ya son escasas.

Desde el PP, Álvaro Nadal justificó el voto de su grupo parlamentario en contra de las enmiendas a la totalidad al criticar que el Ejecutivo se haya quedado "corto" en la trasposición de la directiva europea y no ha "aprovechado" para hacer una "liberalización ordenada" y crear una "verdadera legislación de unidad de mercado".

Señaló que el sector servicios vive una auténtica "debacle" paralela a la "tremenda recesión de la economía", ya que -puntualizó- el número de parados del sector servicios se incrementó el 71,3% en los últimos 12 meses.

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, rechazó las enmiendas a la totalidad, porque aunque aseguró que tienen "aspectos débiles que se pueden mejorar en el trámite parlamentario", valoró la importancia de trasponer la Directiva Europea para liberalizar el sector servicios.

Según Sánchez Llibre la normativa europea no conculca las competencias autonómicas, sino que es el texto aprobado por el Gobierno el que "no atiende suficientemente el marco competencial".

Avanzó que su grupo enmendará esta normativa en su trámite por Comisión para que incluya aspectos, como el lingüístico y se "ajuste a la realidad de la economía española" y criticó que, entre otras cosas, la reforma de los Colegios Profesionales que propone el Ejecutivo que "no garantice la calidad de los servicios ni la capacidad de elección del consumidor".

Por su parte, la diputada del PSOE Meritxell Batet destacó que el futuro de España pasa por la transformación de la administración pública para mejorar la productividad y garantizar la eficiencia y la eficacia de la economía.