Las trabas para reformar la ley del aborto no llegan al Congreso

El Gobierno no está solo en la reforma de la ley del aborto. Por mucho que estos meses hayamos oído hablar de falta de consenso, hoy el Parlamento ha demostrado que respalda al ejecutivo. Se votaba una iniciativa de UPN para posponer el cambio legislativo y la propuesta ha conseguido el efecto contrario. Los socialistas (y los adheridos a la causa) han ganado por goleada. Y eso que faltaban en el hemiciclo bastantes rostros del partido. Ni la ministra de Igualdad, ni la de Sanidad, ni tampoco el Presidente del Gobierno estaban para votar. Aún así, la moción ha recibido 183 votos en contra, 160 a favor y sólo dos abstenciones. En otras palabras, la reforma sigue adelante.

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Más apoyo que rechazo a la reforma en el Congreso.

La votación de esta tarde era una parada no prevista en el camino lógico de la reforma legal. Aprobado el anteproyecto de ley, el siguiente paso se daría en el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y en la Fiscalía. El Gobierno no contaba con enfrentarse antes al examen sorpresa que el diputado de UPN, Carlos Salvador, les había preparado y aún ha salido airoso. Hasta ahora las quejas venían en su mayoría de los grupos antiabortistas y de la Iglesia. Ningún partido político había protagonizado ninguna protesta formal.

Hoy por primera vez se debatía el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva en el Congreso y aunque el resultado obtenido no es vinculante, sí sirve para ver por dónde van los tiros. "Esto demuestra que la mayoría de los grupos quieren un cambio de ley", aseguraba Carmen Montón, portavoz socialista de Igualdad, a la salida de la votación. Con siete votos más de los necesarios para hacerse con la mayoría, la socialista se mostraba especialmente contenta. "La actual ley sólo le sirve al PP y a UPN, que hasta hace cuatro días estaba sentado con el grupo popular en el estrado", continuaba.

Y es que ambos partidos son los únicos que han votado abiertamente a favor de la moción. El objetivo era retirar el anteproyecto de ley y suspender el debate hasta lograr el consenso de todas las partes. "La ministra de Igualdad ha renunciado a obtener la mayoría y le basta con una minoría para seguir adelante con la ley", decía Carlos Salvador defendiendo su postura basada en la falta de acuerdo. Mientras Carmen Moneo, portavoz 'popular' de Igualdad, insistía: "No estamos de acuerdo con esta reforma porque el Gobierno se empeña en traer a la Cámara una reforma que no apoyan los ciudadanos, ni tampoco algunos diputados dentro de su partido".

Frente a éstos estaban hasta los del PNV, a favor del curso natural de la reforma. "No nos vamos a oponer a la modificación de la ley porque es el debate parlamentario el que necesita opiniones diferentes", aseguraba Joseba Aguirretxea. Diferente ha sido la postura de Convergència i Unió, Jordi Xuclá ha insistido en que los diputados de CiU iban a ejercer su derecho a "la libertad de voto".

Siguiente examen, en septiembre

Pero como decíamos antes, la de hoy no era una prueba importante para el cambio legislativo propiamente dicho. Sólo ha servido al Gobierno para comprobar que no está tan solo en esta reforma como se venía diciendo. Y es que para el examen final todavía habrá que esperar. El próximo paso "se dará en septiembre", según nos ha explicado Carmen Montón.

De momento antes de que terminen las vacaciones, el documento deberá pasar el examen del CGPJ y de la Fiscalía. Con sus recomendaciones, el texto volverá al Consejo de Ministros, que deberá aprobarlo de nuevo de forma que se convierta en proyecto de ley. A partir de entonces comenzará su trayectoria parlamentaria. Esto significa que tendrá que ser aprobado en el Congreso y el Senado. Lo normal es que a final de año tengamos la ley definitiva que sustituya a la de 1985.

Pero aunque éstos son los pasos planeados por el Gobierno, siempre puede surgir imprevistos. La votación de hoy es un claro ejemplo. Otro es la amenaza del PP que ha anunciado su intención de llevar la futura norma al Tribunal Constitucional.