Madrid.- La Comunidad de Madrid apuesta "firmemente" por la bajada de impuestos para reactivar la economía, frente a la "política de gasto y subsidio" que desarrolla el Gobierno socialista, según ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. EFE/Archivo
Tras la presentación de un informe sobre las autonomías del presidente José Montilla, en Barcelona, Granados ha recordado que el Gobierno que preside Esperanza Aguirre ha llevado a cabo diferentes actuaciones en materia fiscal como la supresión del impuesto del Patrimonio, la desaparición del impuesto de donaciones y sucesiones y la rebaja de un punto del tramo autonómico del IRPF.
El consejero ha dicho que el Gobierno de Madrid "sigue profundizando en esa línea", como lo demuestran actuaciones recientes como la eliminación de los gastos fiscales para modificar hipotecas al bonificar en un 100% el impuesto de los Actos Jurídicos Documentados, la rebaja del 20% sobre el impuesto de matriculación o el aumento en un 20% de la deducción por vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF.
Además, se reformará parcialmente del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid para reducir todas la tarifas de la tasa por actuaciones y servicios en materias de certificaciones de eficiencia energética de edificios.
Esta reducción se aplicará a todas las tasas que se devenguen a partir de la entrada en vigor de la Ley.
En esta línea, Granados ha apuntado que estas políticas deben ir acompañadas de cambios estructurales en el ámbito económico, y que éstos a su vez, deben conllevar modificaciones del sistema educativo, en la formación y fomentar la transferencia de conocimiento del sistema científico a la empresa.
Respecto a la financiación autonómica, el Ejecutivo madrileño considera que el nuevo modelo debe ser negociado por el Estado y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de "garantizar la solidaridad territorial".
Respecto a Madrid en particular, la exigencia es que el Estado "reconozca el aumento de población en 1,3 millones de habitantes, con los efectos que ello supone, así como que este nuevo modelo no se sustente en la subida de la presión fiscal a los ciudadanos y que los servicios que financian todas las comunidades autónomas obtengan una financiación en igualdad".
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