Funes adopta una política de austeridad y detecta anomalías que "espantan"

San Salvador.-  El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, adoptó hoy por decreto una política de austeridad que regula las compras estatales, restringe los viajes no oficiales y regulariza el uso de vehículos y teléfonos, a la vez que denunció anomalías en la administración pública que, a su juicio, "espantan".

ampliar foto

(EFE)

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, habla durante una rueda de prensa en la Casa Presidencial de San Salvador (El Salvador).

Funes dio a conocer en una rueda de prensa las disposiciones que pondrá en marcha en los próximos meses, a fin de fortalecer las finanzas del Gobierno ante la baja recaudación tributaria.

"Tenemos que hacer un uso más eficiente" de los recursos y adoptar "medidas que permitan liberar" fondos del presupuesto para "hacerle frente a los efectos adversos que inciden en los sectores más vulnerables de la población", aseguró Funes.

Citó, entre otras disposiciones, que suprimirá los viajes de funcionarios a actividades no oficiales y prohibirá que el Estado pague pasajes, viáticos o gastos de representación en estos casos.

Tampoco se autorizarán los contratos para cubrir plazas vacantes, se prohibirá el uso particular de vehículos oficiales y se racionalizarán los gastos de combustibles y de telefonía móvil.

Anticipó que se regularán los gastos en publicidad oficial, se coordinarán las compras estatales de bienes de consumo o servicios y se promoverá la rotación de recursos entre las entidades públicas, especialmente en el caso de los vehículos.

De igual forma, se prohibirán "complementos no consignados en la ley", como gastos de representación, cuotas de combustibles, vales de consumo, bonos y gratificaciones, entre otros.

Otra de las medidas tiene que ver con la racionalización de los gastos públicos por concepto de "eventos sociales".

Además, el jefe de Estado advirtió sobre "anomalías" detectadas en dependencias oficiales, entre ellas 29 "plazas fantasmas" en las que los empleados no acudían a trabajar y tenían contratos que databan en algunos casos de 2002.

Algunas "plazas fantasmas", dijo, tenían salarios asignados de hasta de 3.418 dólares mensuales y eran ocupadas por "funcionarios o parientes de funcionarios" del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó el país en los últimos 20 años.

Funes alertó que estos pagos le representaban al país unos 64.000 dólares mensuales y un desembolso anual de más de 700.000 dólares.

"Hay instituciones donde las irregularidades espantan, realmente espantan, y obligan a una investigación más expedita, concienzuda, más sistemática, que nos permita también deducir responsabilidades administrativas y penales", sostuvo.

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, indicó que hasta mayo pasado se habían recibido 1.312 millones de dólares por concepto de ingresos tributarios, frente a los 1.567 millones proyectados.

Señaló que esta diferencia generó "una brecha respecto a lo programado de 224 millones en los primeros cinco meses".

De seguir así la tendencia, dicha brecha alcanzaría alrededor de 475 millones de dólares al final del año, detalló.

El déficit fiscal estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo fue de 1.208,9 millones de dólares, que equivale al 5,4 por ciento del Producto interior Bruto (PIB).