El Gobierno convocará un nuevo concurso para encontrar un socio privado

Santander.-  El Gobierno de Cantabria convocará un nuevo concurso para encontrar un socio privado que desarrolle el proyecto del Ecoparque Besaya, aunque deberá "reformularlo" para adaptarlo a las recomendaciones de la Comisión Regional de Urbanismo y a la sentencia que anuló la adjudicación.

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(EFE)

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, ha hecho este anuncio en una Comisión del Parlamento, donde ha comparecido para explicar la situación del proyecto tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anuló el pliego de cláusulas del concurso y que el Gobierno no va a recurrir. EFE/Archivo

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, ha hecho este anuncio en una Comisión del Parlamento, donde ha comparecido para explicar la situación del proyecto tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anuló el pliego de cláusulas del concurso y que el Gobierno no va a recurrir.

El titular de Economía ha reafirmado la voluntad del Gobierno de seguir trabajando en el desarrollo del Ecoparque Besaya, que generará empleo y permitirá crear un gran área industrial y viviendas públicas.

No obstante, ha reconocido que el proyecto está ahora condicionado a la coyuntura económica, totalmente distinta que cuando se inició, y deberá reformularse para adaptarse a las condiciones que la CROTU ha planteado al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) que tramita el Gobierno.

También debe ajustarse a la sentencia del TSJC que establece que el socio privado debe adjudicarse de acuerdo con la Ley de Contratos de la Administración regional.

El consejero ha anunciado, no obstante, que el socio privado al que se le adjudicó el concurso inicialmente ha decidido abandonar el proyecto.

Según el consejero, Caixa-Cataluña, propietaria del 51 por ciento de Alcalá 120, ha decidido liquidar esta empresa, participada en un 49 por ciento por Silver Eagles, en concurso de acreedores.

El proyecto seguirá incluyendo un área industrial, viviendas y un proyecto de regeneración ambiental.

Sin embargo, y de acuerdo con las recomendaciones de la CROTU, se reducirá el número de viviendas inicialmente previsto (2.679), porque los ayuntamientos de Torrelavega, Cartes y Reocín, donde se desarrollará el Ecoparque, ya disponen de herramientas urbanísticas para construirlas, y se incluirá un pequeño parque tecnológico.

Durante su comparecencia, Agudo ha atribuido el recurso presentado contra el pliego de condiciones del concurso a "un chantaje" de AZSA, propietaria al cien por cien de la empresa que lo promovió (Construcciones El Caserío), porque no llegó a un acuerdo con el Gobierno sobre los terrenos de la mina que le quedaba por vender.

El consejero de Economía y Hacienda ha asegurado, además, que el el Gobierno del PP fue víctima de una "importante estafa consentida", porque desembolsó 8,7 millones de euros, primero para financiar el sistema de bombeo de la mina y después para comprar unos terrenos contaminados, cuando cesó la actividad de AZSA.

Según Agudo, descontaminar esos terrenos costará 13 millones de euros, por lo que la coalición PRC-PSOE tiene ahora un activo que vale 3 millones de euros, con un pasivo de 22.

El portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, ha opinado que en su comparecencia de hoy, el consejero ha lanzado "bombas de humo y tinta de calamar" y ha insistido en su argumento de que el Gobierno ha intentado dar como este proyecto "un gran pelotazo público-privado".

"Ha convertido usted esa fórmula innovadora de colaboración público-privada en un absoluto fiasco, porque el pelotazo le ha salido mal", ha añadido Albalá.

Albalá ha defendido el cierre de la mina, como un proceso "absolutamente ejemplar".

La diputada del PRC Rosa Valdés ha afirmado que el único fallo cometido por el Gobierno ha sido de procedimiento, al tiempo que ha respaldado su decisión de no recurrir la sentencia.

Valdés ha acusado al PP de practicar una oposición "desleal y destructiva".

El socialista Francisco Fernández Mañanes ha afirmado que en la comisión de hoy ha quedado demostrado que el consejero de Economía ha velado siempre por los intereses generales de la comunidad autónoma y ha administrado siempre "con celo y con prudencia" el dinero público.