Las "Leyes de la selva" afectan los derechos de los indígenas, el petróleo y la relación con EE.UU.

Lima.-  El actual conflicto en las regiones amazónicas peruanas se ha centrado en dos polémicos decretos legislativos que ponen sobre el tapete la explotación petrolera, los derechos de los indígenas sobre sus tierras y hasta las relaciones de Perú con Estados Unidos.

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(EFE)

Manifestantes indígenas amazónicos participan durante una multitudinaria marcha que pretendía llegar al Congreso, en el centro de Lima, en solidaridad con los pueblos amazónicos que reclaman la derogatoria de un paquete de leyes.

El decreto 1090, que ayer fue suspendido indefinidamente por el Congreso sin contentar por ello a los grupos indígenas, que pedían su derogación, fue emitido para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU., país cuyos negociadores exigían una serie de garantías de protección ecológica y laboral.

De hecho, la Oficina Comercial estadounidense en Lima ya ha expresado su preocupación por esta suspensión, y el subgerente de la Cámara Americana de Comercio, Omar Azañedo, dijo hoy al diario Gestión que "hay una preocupación tremenda en los empresarios del país del norte".

Los grupos indígenas, encabezados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), objetan que el decreto 1090, al igual que los otros, se negoció y emitió sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades indias de la selva.

Si bien el Gobierno ha reconocido que "los procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados", según un comunicado explicativo del Ministerio del Ambiente, su titular, Antonio Brack, dejó hoy muy claro que éstos no tienen por qué ser consultados al tratarse de su subsuelo.

"El subsuelo es por constitución de todos los peruanos; si esto se quiere cambiar, habrá que reformar la Constitución", dijo hoy Brack en una rueda de prensa, en la que recordó las necesidades energéticas de un país que importa 2.500 millones de dólares anuales en petróleo y que, por ello, la explotación del crudo (presente en las regiones selváticas) es una prioridad del Estado.

Y efectivamente, en uno de sus últimos comunicados, la Aidesep también pide modificar el artículo 89 de la Carta Magna peruana para declarar el carácter "inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas y los derechos colectivos".

Según dijo a Efe Eduardo Toche, de la organización Desco de promoción al desarrollo, al Gobierno de Alan García tal vez se le pueda reprochar que ha cuidado más los daños ambientales, para facilitar el TLC con Estados Unidos, que las relaciones con sus propias comunidades indígenas.

Así, la aprobación del decreto 1090 sería, según él, una clara transgresión de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es signatario Perú y que estipula que cualquier cambio en el régimen de las propiedades indias debe ser consultado previamente con las organizaciones que los representan.

Un 80 por ciento del territorio amazónico, según cifras proporcionadas por Toche, ya está concedido para la exploración o explotación petrolera "y se ha hecho sin ningún mecanismo de consulta popular", en total falta de transparencia.

El Gobierno también saca en su apoyo cifras para demostrar sus buenas intenciones: los 68 millones de hectáreas de bosque originales aún en pie (de un total de 76,4 millones) o los 10,5 millones otorgados a los "pueblos originarios".

Pero en el fondo subyacen dos concepciones distintas ante la vida y el desarrollo, y hoy mismo lo reconocía el jefe del Gabinete, Yehude Simon, en una rueda de prensa: "Los nativos no entienden nuestra concepción de las cosas, como nosotros no entendemos la suya: somos culturas diferentes".

Un Gobierno que ha conseguido convertir a Perú en el país con mejores cifras macroeconómicas de Suramérica y que no está dispuesto a renunciar al petróleo, frente a unos pueblos que consideran que sus derechos colectivos, a la tierra y al agua, pasan por encima de la explotación petrolera.

El ya famoso líder indígena Alberto Pizango, hoy asilado en la embajada de Nicaragua, explicaba recientemente que puede haber ciudadanos que no entiendan las razones del levantamiento, pero que los pueblos amazónicos no luchan sólo por la derogación de unos decretos, sino "para defender un modelo de vida".

La extracción de gas y petróleo, la tala de madera y el dragado de los ríos en busca de oro, que son las actividades contra las que se oponen los indígenas, "están destruyendo en pocos años estructuras sociales, costumbres y estrategias de convivencia que tienen miles de años".

Puso como ejemplo que la electricidad o el agua potable de poco sirven a los pueblos indígenas si traen aparejados problemas como "el alcoholismo, la prostitución y otras modernidades".