Brasilia.- El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, aseguró hoy que las iniciativas destinadas a procesar a los acusados de torturas durante la última dictadura militar solo están movidas por "la revancha" y no tienen ningún soporte jurídico.
El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, dijo que "hay países suramericanos que todavía están rehaciendo su pasado y no construyen futuro" y dijo que, en el caso de Brasil, él desea que "las energías sean volcadas al futuro". EFE/Archivo
"Una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha", dijo el ministro a la Agencia Brasil (oficial), en relación a un debate que se ha instalado en el país en relación a los crímenes cometidos por el régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985.
El año pasado, la Orden de Abogados solicitó al Supremo Tribunal Federal una revisión de una Ley de Amnistía que fue dictada en 1979, que benefició a los opositores de la dictadura e incluso a los torturadores del régimen.
La demanda, que aún tramita en el Supremo, pide que sea hecha una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía y en especial sobre "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".
La Orden de Abogados, que cuenta con respaldo de los organismos de derechos humanos, sostiene que los señalados constituyen crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo a acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario, no prescriben y deben ser juzgados.
Jobim, que fue presidente del Supremo Tribunal Federal, rebatió esa opinión y dijo que "los tratados internacionales no valen más que la Constitución brasileña", que solo considera imprescriptibles "los delitos de racismo", apuntó.
El ministro también diferenció el proceso brasileño de los que han vivido otros países suramericanos que también sufrieron cruentas dictaduras.
"No se puede comparar con Argentina y Uruguay. En Brasil hubo en 1979 un acuerdo político y una Ley de Amnistía que fue aprobada por el Congreso Nacional", sostuvo Jobim.
También declaró que "hay países suramericanos que todavía están rehaciendo su pasado y no construyen futuro" y dijo que, en el caso de Brasil, él desea que "las energías sean volcadas al futuro".
La opinión de Jobim coincide con la del actual presidente del Supremo, Gilmar Mendes, quien también se ha manifestado en contra de juzgar los casos de tortura ocurridos durante el régimen militar.
Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía solo produciría "inestabilidad institucional" en el país.
El propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a estar preso en tiempos de la dictadura, tampoco es favorable a revisar la Ley de Amnistía.
En septiembre pasado, Lula sentó posición en la polémica y afirmó que "la mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus víctimas, en vez de "hablar de quién practicó agresiones".
En opinión del presidente, "los brasileños deberían hablar menos de quién practicó agresiones durante el período de la dictadura y preocuparse más en darle visibilidad a quien fue agredido".
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