Jaén.- La plataforma "Salvemos los Cañones" que se opone a la construcción de la presa del río Eliche en Los Villares ha denunciado hoy que los técnicos del Ayuntamiento de Jaén están recibiendo "presiones" para amoldar sus informes "a los intereses de los gobernantes".
Imagen de archivo de algunos de los 1.000 manifestantes que se congregaron mañana en la Plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento de Jaén, para protestar contra la construcción de una presa de laminación del río Eliche.
En un comunicado, la plataforma ha señalado que la administración local, ya fuera con PSOE o PP, es "responsable por acción u omisión" de la situación, y de la construcción de una infraestructura que "destruiría un espacio protegido y declarado como Paraje Natural de Excepcional Interés".
Asimismo ha propuesto una comisión de estudio que analice las actuaciones de los sucesivos gobiernos de la capital y de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para establecer las responsabilidades políticas o penales que pudieran imputarse a los gobernantes y a los propios técnicos.
Según la plataforma, la construcción de la presa vulneraría leyes españolas y europeas y costaría más de 100 millones de euros para pagar "el capricho de los que edificaron sus casas donde nunca debieron".
Además han insistido en que los técnicos saben que la presa "acabaría" con un rico patrimonio cultural con pinturas rupestres declaradas Bien de Interés Cultural y destruiría un espacio protegido y declarado como Paraje Natural de Excepcional Interés, donde se conservan flora y fauna protegidas de enorme interés y esta puede ser una de las razones por la que "algunos técnicos de esta institución han recibido presiones para amoldar sus informes a los intereses de los gobernantes".
Hecho, que según la Plataforma, se puede probar documentalmente con los escritos internos cruzados entre responsables políticos y los Servicios Técnicos del propio Ayuntamiento que obran en su poder.
La Plataforma también ha criticado los "errores de bulto" del proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no ha previsto la "más que probable contaminación de las aguas de Mingo y de todo el sistema Víboras-Quiebrajano".
Además ha calificado de "irresponsabilidad" que, como es usual en este tipo de proyectos, no haya informes al organismo competente en materia de aguas subterráneas, el Instituto Geológico y Minero de España, lo que "podría tener efectos penales"
Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, como el Defensor del Pueblo Español, investigan desde hace meses la denuncia de la Plataforma en Defensa de los Cañones, y el pasado 2 de septiembre, cerca de quinientas personas se manifestaron en Jaén para protestar contra la construcción de la presa, cuya construcción podría afectar a cinco conjuntos arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la presencia de pinturas y abrigos rupestres.
La presa, con un presupuesto de unos 45 millones de euros, pretende evitar las inundaciones que de forma periódica sufre la zona de los Puentes y donde se asientan numerosas viviendas levantadas de forma ilegal desde los años sesenta.
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