Pena de muerte para la Justicia Universal

El 21 de mayo pasado, los partidos políticos de nuestro país, con la excepción de IU-ICV, BNG y ERC, acordaban limitar la aplicación de la Justicia Universal española, a través de la aprobación de una enmienda por la que los jueces españoles sólo podrían abrir causas referidas a otros países cuando "quede acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España". La respuesta de la sociedad civil española llega en forma de Manifiesto público en contra de esta reforma por parte de organizaciones de derechos humanos, profesionales del sector jurídico, y miembros de los ámbitos de la Justicia, la Universidad y el Periodismo. La necesidad de su no aprobación radica no sólo en que sin ella los culpables de crímenes contra la humanidad gozarían de total impunidad para pasearse líbremente por el mundo, sino que además terminaría con la tarea ejemplificante y de visualización de las víctimas así como de generación de opinión y debate en los países en los que esos crímenes tuvieron lugar, que ha supuesto su aplicación hasta la fecha.

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