El Síndic denuncia la saturación de los centros de menores y la falta de plazas

Barcelona.-  Los centros de menores están al límite de su capacidad, la sobreocupación llega hasta el 150% y el 5% de los niños en situación de alto riesgo están a la espera de que la administración les asigne algún tipo de recurso de protección, según el informe que hoy ha presentado el Síndic de Greuges de Cataluña.

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(EFE)

El Sindic de Greuges, Rafael Ribó, durante una presentación. EFE/Archivo

El síndic, Rafael Ribó, ha entregado esta mañana al presidente del Parlament, Ernest Benach, el informe extraordinario "La protección de la infancia en situación de alto riego social en Cataluña".

Dicho informe reconoce el esfuerzo presupuestario que ha hecho la Generalitat en los últimos años, ya que entre el 2003 y el 2007 los recursos destinados a los menores desamparados que tutela la administración han aumentado un 28 por ciento.

No obstante, este incremento "no ha impedido que los centros sigan estando al límite o por encima de su capacidad" y que "la sobreocupación esté, en algunos casos, cerca del 150 por ciento", según el informe.

La Generalitat tutela 7.450 niños pero trabaja con alrededor de 10.000 menores en situación de alto riesgo social.

De estos 10.000, un 5 por ciento están a la espera de que la Generalitat elabore un estudio sobre su situación y les asigne el recurso de protección más adecuado para su caso.

"Son niños en situación de alto riesgo que, en ocasiones, siguen viviendo en un entorno inadecuado mientras esperan la elaboración del estudio", ha aclarado el adjunto del síndic para la defensa de la infancia, Xavier Bonal, que ha recordado que "estamos hablando de un sector muy vulnerable de nuestra sociedad".

Además, 190 niños que tienen asignada una plaza en un centro residencial permanecen en lista de espera.

"La falta de plazas es especialmente grave en los centros que atienden a niños con problemas de salud mental", según Bonal.

Otro dato preocupante es que el 23 por ciento de los niños tutelados menores de dos años están en centros de acogida por falta de familias de urgencia.

La carencia de familias de acogida es uno de los temas centrales del informe del síndic, que ha lamentado que en los últimos años haya aumentado el porcentaje de niños en plazas residenciales frente al de los acogidos por familias ajenas.

Según los informes que elaboran los trabajadores de la administración, el 17 por ciento de los niños que residen en centros deberían estar en familias de acogida, pero siguen en el centro por falta de oferta familiar.

Ribó ha pedido a la Generalitat que incentive y mejores este método de protección, ya que ha recibido quejas de las familias de acogida, que denuncian falta de acompañamiento por parte de la administración.

En este sentido, el síndic ha defendido la "profesionalización" de las familias de acogida, como ocurre en países como Francia, donde "reciben unos cursos de formación que les resultan muy útiles".

Asimismo, estas familias "deben ser incentivadas" porque "actualmente el coste de un niño en un centro residencial es equivalente al coste de diez niños en familias ajenas", según Ribó.

En otro punto del informe, el síndic denuncia deficiencias en el servicio de urgencias, "que necesita más personal para conseguir una detección y protección rápida de los niños en situación de riesgo".

Por provincias, la situación de Tarragona es "especialmente preocupante" y la sobreocupación alcanza niveles alarmantes en el centro de La Mercè.

No obstante, el estudio "no ha detectado irregularidades significativas" en la línea de las denunciadas por el Defensor del Pueblo, que afirmó en su último informe que había detectado un uso excesivo de fármacos y de celdas de aislamiento.

"Hemos visto infraestructuras en malas condiciones, pero no tenemos elementos suficientes como para afirmar que los tratamientos médicos o los métodos educativos son inadecuados", según Bonal.

El síndic ha elaborado este informe a partir del trabajo de la profesora de la Universidad Pompeu Fabra Àgueda Quiroga, una encuesta realizada a diferentes sistemas de protección, un análisis de las quejas y actuaciones de oficio y "numerosas" visitas a centros y entrevistas con equipos de profesionales.