Concluyen que los municipios andaluces del litoral "retornan" a la legalidad

Sevilla.-  El efecto disuasorio de las decisiones judiciales y las operaciones policiales contra los delitos urbanísticos y el mayor conocimiento de las normas han provocado que muchos municipios andaluces del litoral "retornen" a la legalidad urbanística, según el Consejo Consultivo de Andalucía.

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(EFE)

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (i), recibe de manos del presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso (d), la memoria de actividades de este organismo correspondiente a 2008.

Esta es una de las conclusiones que recoge el Consejo Consultivo en su memoria de actividades de 2008 que hoy fue entregada al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por el titular de dicho órgano, Juan Cano Bueso.

"Hay un retorno a la legalidad urbanística en la franja costera andaluza y, en especial, de algunos municipios castigados por el urbanismo salvaje. Se está produciendo una reorganización y reordenación de la legalidad de una manera clara", ha declarado Cano Bueso a los periodistas.

El mayor conocimiento de los procedimientos sobre la legalidad urbanística y el efecto disuasorio de las operaciones policiales y judiciales llevadas a cabo en las "zona calientes" de la costa son - a juicio de Cano Bueso- los factores que están influyendo positivamente en la "vuelta" a la legalidad de algunos municipios.

Como ejemplo de este proceso, Cano Bueso se ha referido al "gran esfuerzo" que están haciendo los ayuntamientos malagueños de Marbella o Estepona por "regresar al mundo de la legalidad" urbanística, para lo que "necesitan revisar" la licencias concedidas hace tiempo que van "contra la ley y son, por tanto, nulas".

El informe refleja, además, la preocupación del Consejo Consultivo por la posibilidad de que la crisis económica no suponga el "demantelamiento o menoscabo" de los instrumentos de control e intervención de las administraciones públicas en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos relacionados con ámbitos como el medio ambiente o el consumo.

El presidente del Consejo se ha mostrado convencido de que el buen funcionamiento de las administraciones es "mucho más problema de conocimiento, que cada vez es mayor, que de mala fe u otro tipo de componendas al margen de la legalidad".

Durante el pasado ejercicio el Consejo Consultivo ha tramitado 808 solicitudes de dictámenes, de los cuales se han emitido 771, lo que supone un 10 por ciento más respecto al año anterior, siendo el 67% instados por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía; el 32% por las administraciones locales y el 1% por entres de Derecho Público.

La Administración autonómica siguió los dictámenes del Consultivo en el 93% de las ocasiones con lo cual el grado de cumplimiento es "superior" al de las sentencias judiciales, ha apuntado Cano Bueso.

De los 771 dictámenes emitidos, 634 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 fueron desfavorables y 53 devueltos.

Solo dos de los dictámenes emitidos fueron objeto de votos particulares, el resto por unanimidad.

El Consejo se ocupó en 2008 de las reclamaciones de los ciudadanos por el funcionamiento de los servicios públicos, el mantenimiento y la vigilancia de la legalidad urbanística, las revisiones de oficio de los actos de la administración, en concreto de las licencias urbanísticas ilegales que se ha venido produciendo con "cierta frecuencia en el pasado" y el control de la contratación administrativa en sentido de que las administraciones utilicen el dinero público con transparencia, concurrencia y publicidad.

Se constata que las administraciones públicas andaluzas funcionan "razonablemente bien y muy bien en términos de legalidad", aunque Cano Bueso cree que en la gestión es "mejorable" la respuesta a los ciudadanos en términos de eficacia y a la hora de acortar los plazos para decidir cuando están "en juego" bienes y derechos constitucionales.

De las distribución por provincias de dictámenes emitidos a solicitud de las corporaciones locales destacan, por el mayor número, Málaga con 56, mientras Jaén, con 14, fue la que menos demandó.