Bruselas.- Los países del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico) han reiterado a la UE su demanda de apoyos adicionales para el banano para poder hacer frente a eventuales recortes de aranceles a las exportaciones de fruta latinoamericana a Europa.
Una persona transporta una cesta de plástico cargada con banano. EFE/Archivo
En una resolución firmada por los ACP al término de una reunión ministerial de dos días concluida hoy en Bruselas, éstos estados insisten ante la comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, en la necesidad de que la UE les conceda subsidios por valor de 500 millones de euros para que su industria del banano afronte mejor preparada las rebajas de aranceles a ese producto que negocian Europa y América Latina.
La Comisión, por su parte, está decidida a ofrecer ayudas suplementarias, pero de un monto máximo de 110 millones de euros, según fuentes comunitarias.
Las mismas fuentes también subrayaron que la cantidad que demandan los ACP para el banano ya supone la mitad de la facilidad financiera puesta en marcha por la UE (por valor de 1.000 millones de euros) para apoyar al sector agrícola en los países en desarrollo.
Según indicaron, el objetivo de la reunión ministerial no era avanzar en las negociaciones sino fomentar un intercambio de opiniones, mientras que las conversaciones sobre el banano prosiguen a nivel técnico tanto en Bruselas como en Ginebra, sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La UE baraja rebajar el actual arancel de 176 euros por tonelada de banano a 114 euros para 2019, una propuesta que los ACP -cuyas exportaciones están exentas de gravamen para entrar en Europa- consideran "desastrosa" para las economías de sus socios exportadores de este producto.
En concreto, temen que sus productores de banano sufran, "de forma inmediata, drásticas pérdidas" a causa de las concesiones a las exportaciones latinoamericanas, "que deberían ser compensadas".
Los ACP también solicitaron a la UE que mantenga las preferencias del acceso de sus exportaciones de azúcar a Europa más allá de 2015, así como el apoyo su industria algodonera, que actualmente recibe los subsidios del décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED), cuando se revise éste en 2010-2011.
Por otra parte, los ACP y la UE aprobaron sendas resoluciones conjuntas sobre la actual crisis económica y financiera y el cambio climático y el desarrollo.
Ambas partes reconocen que la crisis puede tener "consecuencias negativas" en la deuda de los ACP, así como la necesidad de crear iniciativas y mecanismos que aborden la cuestión del endeudamiento de los países afectados.
También insistieron en la importancia de mantener un sistema de comercio "abierto, equitativo y transparente", en especial en tiempos de crisis, y pidieron un pronto, equilibrado y exhaustivo acuerdo en la ronda de Doha para la liberalización del comercio mundial, "que debería contener un verdadero valor para los países en desarrollo, en especial para los más pobres".
El comisario europeo actualmente a cargo de la cartera de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Olli Rehn, destacó en rueda de prensa que "la crisis global debe empujarnos a llevar adelante la agenda de desarrollo más rigurosamente".
En cuanto a la declaración sobre el cambio climático, los ACP y la UE pusieron de relieve que supone un "peligro" para el desarrollo equitativo y sostenible, así como para los esfuerzos por erradicar la pobreza.
Para lograr una transición a una economía basada en bajas emisiones de CO2, los estados vieron necesario un acuerdo global sobre el cambio climático "reforzado, equitativo y eficaz".
En ese sentido, reconocen que será necesario un apoyo financiero adecuado y puntual para poner en marcha el acuerdo que surja de la cumbre sobre el clima que organizará la ONU en Copenhague el próximo diciembre.
El Consejo también hizo balance el estado de las negociaciones en curso de diferentes acuerdos de asociación económica (EPAs), e inició las discusiones para la segunda reforma del acuerdo de Cotonou -que rige las relaciones entre los ACP y la UE-.
Asimismo, modificó varias modalidades financieras bajo dicho acuerdo para facilitar el acceso a los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a los países pobres altamente endeudados (HIPC) de este grupo.
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