Madrid.- Una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín ha recurrido al Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no permitirle recurrir el archivo de una querella contra los jueces de la Audiencia Nacional que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil.
En el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), Carmen Negrín considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva después de que el Supremo, en una providencia notificada el pasado 15 de abril, no le permitiera recurrir en súplica el auto en el que el Alto Tribunal había acordado el 26 de febrero anterior no admitir la citada querella.
Los abogados de Negrín justifican la trascendencia constitucional de su recurso diciendo que la providencia del TS "ha sido adoptada en un contexto de absoluta impunidad y denegación de justicia continuada respecto de la ejecución de más de trescientos mil españoles, de desaparición forzada de más de cien mil y la privación de la libertad y confiscación de bienes a unos 3.400.000 españoles".
El escrito alude asimismo a los "más de treinta mil españoles sustraídos a sus padres biológicos y cuyas identidades alteradas continúan hasta hoy" y al "desplazamiento de más de medio millón de otros ciudadanos españoles forzados al exilio para preservar su vida, libertad y dignidad".
La querella se dirigía contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara, Fernando García Nicolás, Ángela Murillo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado, Paloma González, Julio de Diego, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.
Estos magistrados dictaron el pasado 7 de noviembre un auto en el que decidieron paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que habían comenzado con autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La Audiencia Nacional adoptó esa decisión tras recibir un recurso de la Fiscalía -contra la que también se dirigía la querella de Negrín-, que consideraba que Garzón no era competente para ello.
En el auto en el que inadmitió la querella, el Supremo sostenía que la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional estaba debidamente fundada y no podía calificarse de injusta y, menos aún, de "manifiestamente injusta", por lo que no se daban los elementos que constituyen el delito de prevaricación.
El Supremo admitió a trámite el pasado martes una querella por prevaricación contra Garzón presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que acusa al magistrado de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no lo era.
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