Santander.- La Junta de Jueces de Cantabria se reserva el derecho a ir a la huelga el próximo 26 de junio si la Comisión Interasociativa Permanente (que aglutina a las cuatro asociaciones judiciales) mantiene la convocatoria, y ha reiterado su apuesta por la negociación "como vía razonable de solución".
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el Congreso tras la sesión de control al Gobierno. EFE/Archivo
La Junta de Jueces de Cantabria ha manifestado su preocupación por la falta de un acuerdo con el Ministerio de Justicia en materias "esenciales" que, según señala, constituyen "el grueso" de su reivindicación.
Consideran que las reivindicaciones y la jornada de huelga nacional del pasado 18 de febrero supusieron una "dinamización" en la negociación y "una seria advertencia de la realidad e importancia" de la Administración de Justicia en España.
Por ello, la Junta de Jueces apuesta por "mantener viva" esas reivindicaciones y recalca la vigencia de las demandas que formuló ya tras el paro de febrero, "como expresión de la necesidad sentida e imprescindible" de que se dote a la Administración de Justicia de los medios necesarios.
La Junta de Cantabria ha insistido en la necesidad de que la inversión en Justicia y el número de jueces por habitante se acomoden a la media europea.
Además, ha abogado por la implantación del modelo de Oficina Judicial, la plena incorporación de las nuevas tecnologías y la formación adecuada de todo el personal de Justicia.
Emplaza a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca una carga máxima de trabajo razonable para cada órgano judicial.
También pide que se revise la planta judicial y que se arbitre un sistema eficaz de sustituciones, además de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.
No obstante, los jueces cántabros se han congratulado por los avances que, a su entender, se han producido en materias como la incorporación de nuevas tecnologías, los planes formativos para funcionarios, la informatización o el control del juez en los señalamientos.
Los jueces reclaman "voluntad político-institucional" para "cimentar de inmediato, y sin más excusas", las bases de la reforma.
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