Palma.- El grupo Barceló, adjudicatario de la construcción del Palacio de Congresos de Palma y de un hotel adyacente, advierte de que si la resolución de este concurso se realiza por vía judicial, y no de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, el parón de las obras -a partir del 5 de junio- podría prolongarse "varios años".
Maqueta del proyecto ganador del concurso para la construcción del Palacio de Congresos de la capital balear, del arquitecto navarro Patxi Mangado Beloqui. EFE/Archivo
En un comunicado de prensa recogido por EFE, el Grupo Barceló asegura que como empresa concesionaria pretende alcanzar un acuerdo con el órgano de contratación -Palacio de Congresos de Palma S.A.- y afirma que optar por la vía judicial "no es en ningún caso" su voluntad.
En la nota remitida esta mañana, Barceló considera que es "perfectamente factible" que esta gran obra se termine en la presente legislatura, que concluye en el año 2011, si se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma para rescindir el actual contrato.
Este importante grupo hotelero internacional ha decido desvincularse de este proyecto emblemático de la fachada marítima de Palma porque su coste se ha incrementado en 30 millones de euros y por la inseguridad jurídica del mismo, según publica en su edición de hoy "Diario de Mallorca".
El proyecto del Palacio de Congresos de Palma, presupuestado en 110 millones de euros, ha sido ideado por el arquitecto navarro Patxi Mangado y contará con una capacidad aproximada de 2.020 personas, con un auditorio y con un hotel con 270 habitaciones.
En un amplio comunicado de tres folios, Barceló recuerda que ganó este concurso -el 19 de febrero de 2007-, si bien se comprobó después que no se podía ejecutar el proyecto en los términos previstos.
El caso es que el Ayuntamiento tenía que ceder tres terrenos, pero solo traspasó dos, si bien la empresa concesionaria comenzó las obras en abril de 2008 "a pesar de existir una situación clara de irregularidad urbanística", asegura Barceló.
Además, se subraya en el comunicado, el órgano de contratación "no ha cumplido" en plazo su "obligación" de abono de los importes establecidos de subvención, mientras que la sociedad concesionaria sí "ha cumplido fielmente todas sus obligaciones".
Finalmente, debido a las modificaciones introducidas en el proyecto, por conceptos de obra no previstos y por el retraso de año y medio en el inicio de este proyecto, el mismo ha resultado ser "sensiblemente más costoso" que lo establecido en el concurso.
La voluntad del órgano de contratación es que esta diferencia de coste la asuma la sociedad concesionaria, algo en lo que el Grupo Barceló no está de acuerdo.
"Tras haber puesto de nuestra parte durante dos años todo lo posible -reza el comunicado- para conseguir un contexto mínimamente razonable para continuar acometiendo el proyecto, con el riesgo empresarial al menos similar al que valoramos al presentarnos al concurso, el pasado 6 de abril se decidió instar la nulidad del contrato de concesión administrativa".
En la instancia de nulidad la sociedad concesionaria manifiesta "reiteradamente" su "firme voluntad" de alcanzar una fórmula de mutuo acuerdo que "permita continuar" la ejecución de las obras mediante el rescate de la concesión por parte de la Administración pública.
Para ello, asegura el Grupo Barceló, "existen" fórmulas jurídicas "perfectamente asumibles que únicamente requieren la voluntad de ponerlas en práctica".
Ante la falta de respuesta desde hace casi dos meses de la referida instancia, las obras se suspenderá a partir del 5 de junio durante dos meses.
El objetivo es "acordar" con la Administración los términos de rescisión del actual contrato de "mutuo acuerdo" que permita la continuidad de los trabajos "a la mayor brevedad posible".
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