Londres.- Las agresiones a periodistas "fueron generalizadas" en 2008 en Venezuela, según Amnistía Internacional (AI), que denuncia también el hostigamiento a defensores de derechos humanos y la inseguridad pública en ese país.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos publicado hoy, AI dedica un capítulo a Venezuela en el que da cuenta además de las protestas en cárceles de todo el país por las malas condiciones de reclusión, y la "falta de voluntad política" de las autoridades para aplicar la ley para combatir la violencia contra las mujeres.
AI afirma que recibió informes "sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad" de Venezuela, donde, según resalta, "la inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso en los centros penitenciarios".
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dictó un total de 66 decretos sobre "un amplio abanico de asuntos" en los 18 meses que estuvo en vigor la "ley habilitante" y que quedó sin efecto el 31 de julio de 2008.
Uno de esos decretos obligaba a una persona a informar sobre sus conciudadanos si no quería ser objeto de acciones judiciales. Esta ley fue derogada en junio, un mes después de su promulgación, con motivo de las protestas que suscitó, recuerda AI en su informe.
Pese a que se registraron "algunos avances" en el combate de la violencia contra las mujeres, la ley promulgada en 2007 con ese objetivo no contó con la voluntad política de las autoridades locales y la policía para aplicarla y hacerla efectiva, según AI.
En este apartado, la organización pro derechos humanos cita el caso de Alexandra Hidalgo, quien fue sometida a torturas y violación durante siete horas. Al finalizar 2008, sólo dos de los agresores habían comparecido ante la justicia.
Asimismo, AI afirma que las autoridades venezolanas intentaron "socavar la legitimidad del trabajo de derechos humanos formulando acusaciones infundadas contra organizaciones que defendían esos derechos", y la expulsión del país de directivos de la ONG Human Rights Watch tras publicar un informe en el que se criticaba al Gobierno de Chávez.
Entre esos casos, AI cita la muerte, al parecer a golpes propinados por hombres armados, del anciano padre de Sabino Romero Izarra, uno de los dirigentes de la comunidad indígena yukpa, envuelta en una disputa con terratenientes en el estado de Zulia.
También fue amenazado de muerte José Luis Urbano, presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación, tras denunciar irregularidades en una escuela, añade.
El informe de AI se refiere también a una ley aprobada por Chávez para la reforma policial y al anuncio de la Fiscalía General del Estado de que en 2009 crearía un equipo de investigación para examinar los más de 6.000 casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2000 y 2007.
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