Londres.- Irán aplicó al menos 346 penas de muerte en 2008, de las cuales dos fueron por lapidación, según revela el informe anual de Amnistía Internacional, que reitera las denuncias por torturas, persecución de las minorías éticas y los defensores de los derechos humanos y discriminación a las mujeres.
Un policía iraní prepara una ejecución pública en Teherán. EFE/Archivo
AI señala en su informe de 2008 que probablemente el número de ejecutados fuera superior, especialmente tras la orden de suspender las ejecuciones en público, y destaca que 133 personas fueron condenadas a la pena capital, aunque cuando cometieron el delito eran menores de edad.
Igualmente advierte que diez personas estaban pendientes de ejecución por lapidación, aún cuando funcionarios judiciales no identificados anunciasen el pasado agosto que habían sido suspendidas, dos hombres fueron ajusticiados de esta manera en diciembre.
Además de la aplicación común de las torturas y los malos tratos a los detenidos, Amnistía Internacional reitera sus críticas a las penas crueles e inhumanas que abarcan desde la flagelación a las amputaciones por un sistema judicial que en el caso de muchos detenidos no vela siquiera por ejercer su propia autoridad.
Junto a la discriminación de las mujeres y las minorías étnicas AI denuncia el hostigamiento a los defensores de los derechos humanos y la total ausencia de libertad para expresar críticas al régimen.
Las mujeres siguen sufriendo la discriminación en la ley y la práctica y las que "luchan por sus derechos eran objeto específico de la represión del Estado", subraya el informe de AI que advierte que algunas leyes discutidas en el Parlamento -de hacerse efectivas- limitarían aún más el acceso de la mujer a la universidad al imponer nuevas restricciones a las residencias.
El cierre del periódico "Zanan" (Mujeres), el bloqueo de sitios web sobre los derechos de las mujeres y la disolución de reuniones pacíficas de activistas son algunas de las medidas represivas del Gobierno de Teherán, que ni siquiera ha respondido a las comunicaciones de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer.
La prohibición del uso de las lenguas de las minorías en la escuela y en los centros oficiales, las amenazas, detenciones y encarcelamiento de algunos de sus portavoces son algunas de las medidas represivas contra las minorías expuestas en el informe, que recuerda la doble discriminación que sufren las mujeres de comunidades o etnias marginadas.
La población árabe ahwazí, la población que emplea la lengua túrquica azerbayana, los miembros de la población baluchi, turcomana o kurda son algunas de las minorías que sufren las torturas y detenciones arbitrarias so pretexto de atentar contra el Estado.
Además, las minorías religiosas son objeto de detenciones masivas, discriminación, hostigamiento y daños a sus bienes y, cita entre otras medidas represoras contra los adeptos a la fe bahai, el tener vetado el acceso a la educación superior además de ver destruidos algunos de sus lugares sagrados.
Además de los exilios interiores para los lideres de las minorías religiosas perseguidas en Irán, algunos de sus dirigentes son objeto de imprecisas acusaciones contra la seguridad nacional que devienen en encarcelamientos tras juicios sin garantías.
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