La APAG aclara que el alojamiento de temporeros no compete a las organizaciones

Mérida.-  La organización agraria APAG Extremadura ASAJA ha criticado hoy las "veladas" amenazas de la delegada del Gobierno a los empresarios del campo por emplazarles a facilitar alojamiento a los trabajadores de nacionalidad rumana y búlgara que contraten, pese a que no es su responsabilidad.

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(EFE)

Imagen de unos temporeros. EFE/Archivo

Según manifestó Pereira ayer, las administraciones estatal, regional y local van a exigir "el estricto cumplimiento" de la normativa laboral en la contratación de trabajadores extranjeros para campañas de la fruta, la uva y la aceituna, ya sea respecto a la cotización a la Seguridad Social o en las condiciones de vida de los trabajadores contratados.

En un comunicado remitido hoy a Efe, APAG Extremadura ASAJA expresa su "más absoluto rechazo" a estas declaraciones y conmina a Carmen Pereira a asumir sus propias responsabilidades en la materia y, de paso, a dar, con sus propias actuaciones, un mejor ejemplo.

Según alega, los empresarios del campo extremeño no están obligados a facilitar a los trabajadores de nacionalidad rumana y búlgara que contraten y, menos aún, a sus familias, ningún tipo de alojamiento.

Tampoco es responsabilidad suya, según la organización agraria, dotarles de unas determinadas condiciones de vida, aunque "sean muchos los esfuerzos realizados por miles de tales empresarios en esa misma línea y sin que ninguna ley les obligara a hacerlo".

APAG Extremadura ASAJA afirma que es responsabilidad del Gobierno y la Junta facilitar a todos los ciudadanos que residen en el país, incluidos los ciudadanos europeos no españoles, el acceso a una vivienda digna, asegurar que todos los niños y jóvenes en edad de escolarización obligatoria estén en los colegios e institutos, garantizar a todos el acceso a una sanidad gratuita y universal, y la seguridad en las calles y campos.

En este sentido, señala que la delegada del Gobierno debería preguntarse quiénes fueron los responsables del "tercermundista espectáculo" que brindaron los campamentos ilegales de familias rumanas que se establecieron en la región en años pasados.

Las organizaciones profesionales agrarias y la práctica totalidad de los empresarios del campo, asevera, no necesitan que la delegada del Gobierno les advierta de la necesidad de cumplir la normativa en materia laboral y de cotizaciones y altas y bajas en la Seguridad Social "y que, veladamente, les amenace con mandarles la Inspección de Trabajo".

A este respecto, afirma que los agricultores y ganaderos extremeños, aunque Pereira lo "cuestione" con sus manifestaciones, conocen sobradamente sus obligaciones en materia laboral y de Seguridad Social "y las cumplen escrupulosamente".

No obstante, APAG Extremadura ASAJA subraya que seguirá luchando para que todos los que realicen cualquier labor agrícola o ganadera en Extremadura, españoles o extranjeros, disfruten de unas condiciones de vida y de trabajo dignas.