Madrid y La Rioja mantienen su oposición a las medidas de ayuda a comprar coches

Madrid.-  Las comunidades de Madrid y La Rioja, ambas gobernadas por el PP, son las únicas que mantienen su oposición a las ayudas directas a la compra de automóviles anunciada por el Gobierno y contenidas en el llamado Plan 2000E.

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(EFE)

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, durante la rueda de prensa que ofreció hoy tras mantener una reunión con representantes autonómicos sobre las ayudas directas a la compra de automóviles por las que el Gobierno concede a Industria un crédito extraordinario de 100 millones de euros para sufragar el nuevo plan de ayudas, conocido como Plan 2000E.

Estas dos comunidades persistieron en su actitud en la nueva reunión que esta mañana ha celebrado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, con los representantes del ramo de las autonomías para tratar de coordinar la gestión de estas ayudas con el objetivo de alcanzar la mayor homogeneización posible en su aplicación.

Sin embargo, Cataluña, Baleares y Canarias, así como las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, se han sumado al plan gubernamental, aunque con sus propias especificidades, con lo que ofrecerán a sus ciudadanos ayudas económicas por valor de 2.000 euros e incluso por encima de esa cifra.

Aunque el secretario general de Industria y Empresa de Cataluña, Antoni Soy, notificó que la Generalitat aprobará mañana un plan "propio y específico", no entró en la concreción del mismo.

Soy agregó que el plan incluirá las mismas ayudas del Estado y "algunas más" y explicó que su iniciativa se adapta mejora a la realidad del sistema productivo catalán.

Adelantó que habrá ayudas "relativamente superiores" para los vehículos menos contaminantes y dijo que las ayudas se pueden extender a las motocicletas, aunque las descartó para los camiones.

Sebastián, tras la reunión, tuvo un tono conciliador hacia las dos comunidades reticentes cuando pidió a sus gobernantes que "recapaciten y se lo piensen".

El ministro centró sus palabras en Madrid, una comunidad que representa el 27% de las matriculaciones automovilísticas españolas, y señaló que "la rebaja del Impuesto de Matriculación no va a funcionar, pues no es una buena idea", apoyándose en que se trata de una medida parcial ajena a los propósitos del plan de promocionar ventas de coches poco contaminantes y producidos en España

La ironía, sin embargo, no faltó en esta declaración: "no me puedo creer que (la presidenta de Madrid) Esperanza Aguirre vaya a dar 3.000 euros a un madrileño para comprar un Jaguar y cero euros para comprar un Clio".

Desde estas comunidades autónomas se recordaron las recientes declaraciones de Aguirre en el sentido de no importarle ser el único territorio de España que se quede al margen de las ayudas.

El PSOE de La Riojad abogó por la retirada de la iniciativa presentada por el presidente de esa comunidad, Pedro Sanz, de aplicar también descuentos en el Impuesto de Matriculación.

Sebastián clarificó parcialmente algunas dudas surgidas en la gestión del Plan 2000E, como la puesta en marcha de un organismo de control de las ayudas centralizado en su departamento para las ayudas hasta 2.000 euros y que se buscarán mecanismos de coordinación entre las comunidades para ordenar las propias de cada territorio.

El ministro de Industria manifestó que será cada autonomía la que establezca las condiciones de empadronamiento para el acceso a las ayudas por parte de los usuarios, a pesar de que reiteró que la unidad de mercado es un objetivo prioritario para el Gobierno.

La extensión de las ayudas a la compra de motocicletas, otro mercado en situación de desplome, será posible, según Sebastián, a condición de que los fabricantes de estos vehículos se involucren en las ayudas, tal como ha pasado con el Plan 2000E.

Sebastián recordó que el Plan 2000E tiene una vigencia anual o hasta el agotamiento de la venta de 200.000 vehículos de bajo poder contaminante y apeló a la experiencia del Plan VIVE para expresar su seguridad de que estas operaciones se agotarán antes del plazo previsto.