Ribadavia (Ourense).- El delegado Territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, negó hoy haber cometido fraude o llevarse dinero al bolsillo y criticó el "juicio paralelo" que le está haciendo la "camarilla" de BNG y PSOE.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez (fondo-c) en el juzgado de Ribadavia antes de declarar como imputado procesal por varios delitos denunciados por el BNG de Arnoia en relación a subvenciones europeas que gestionó cuando era alcalde de Arnoia.
Martínez declaró hoy durante algo más de una hora en el juzgado de instrucción de Ribadavia por la denuncia presentada por el BNG de Arnoia, donde fue alcalde 30 años hasta hace un mes, que le acusó de fraude, estafa, falsedad documental y malversación de fondos europeos del programa Leader, pedidas por el Concello de Arnoia y varias empresas.
El "superdelegado" explicó a los informadores al finalizar de la declaración que lo único que hizo fue "intentar dejar claro" a la jueza que no hubo fraude por su parte "ya que las obras las hicieron las empresas promotoras y las subvenciones llegaron tras quedar certificadas todas las inversiones".
Dijo que él sólo presidía el Centro de Iniciativas para el desarrollo do Val do Miño (Ceivam) que tramitó las subvenciones pero las cobraron las empresas y él no se llevó nada al bolsillo, insistió.
Se refirió a la sentencia administrativa de la Audiencia Nacional que dictaminó hace unas semanas la devolución de 50.000 euros de esas subvenciones para decir que fue fruto de un informe "político".
En ese sentido, recordó que la Audiencia Nacional se basó en un informe de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) que revisó algunos proyectos "manejada por la misma camarilla que luego puso la denuncia" y lo envió luego al Ministerio de Agricultura y Pesca dirigido por los mismo individuos que la camarilla de la Xunta", agregó.
El ex regidor recordó en varias ocasiones que la denuncia del BNG de Arnoia se produjo días antes de las elecciones municipales de 2006 "y en aquel momento la Fiscalía pidió el archivo y el juzgado cerró el caso sin tomarnos declaración".
Tras la reapertura del proceso a instancia de la Audiencia Provincial de Ourense, Martínez mantuvo que no hubo irregularidades y que "ni siquiera hoy vino el fiscal", por lo que auguró que la Fiscalía volverá a pedir el archivo de la causa.
Recordó que en el proceso contencioso-administrativo, la Audiencia Nacional ordenó la devolución de 50.000 euros "pues hablamos de proyectos como una planta de biomasa, no como la de Allariz, sino con un presupuesto pequeño de 30.000 euros y también se pidió la devolución de otros 12.000 por un taller artesanal".
En ese sentido, dijo que es normal tener que devolver algún dinero de los proyectos financiados por fondos europeos y que el proceso de instrucción reiniciado hoy se abrió sólo por fastidiar.
Después de Martínez declararon los otros tres imputados procesales que son el arquitecto técnico que certificó obras, Miguel Reza; el administrador único de la empresa que recibió las subvenciones, Juan Emilio Aparicio; y el ex concejal del PP Gumersindo Álvarez.
El "superdelegado" de Ourense dijo que a partir de hoy seguirá trabajando en su nueva labor y dejará trabajar a la Justicia a la que aportará las pruebas oportunas.
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