Huelva.- El Juzgado de Ayamonte (Huelva) ha admitido a trámite y ha abierto diligencias previas en relación a la denuncia presentada por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) contra el alcalde de la localidad, Juan Antonio Millán (PSOE) por delitos urbanísticos.
En primer término en la imagen, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán. EFE/Archivo
Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el portavoz de IU en el Ayuntamiento cartayero, Miguel Ángel Gea, quien ha precisado además que el Juzgado ha aceptado la prueba documental presentada tras la denuncia, por lo que le solicitará al consistorio "los expedientes y las declaraciones".
Tras valorar el inicio de la fase de investigación, ha apuntado que la "petición de expedientes por parte del juez ha llegado ya al Ayuntamiento" y ha pedido al juez que instruye el caso que "tenga celo para evitar la pérdida de documentación".
La denuncia presentada por IU, PA, PP y concejal no adscrito, a la que ha tenido acceso EFE, se interpuso además de contra el alcalde de Cartaya, contra el primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Miguel Novoa, la esposa de éste, el arquitecto Francisco Benítez y la empresa Hierros y Construcciones San Juan del Puerto (HICONSA).
La actuación denunciada corresponde a la urbanización de unos terrenos situados en la barriada de El Almendral, cuya extensión es de 21.000 metros cuadrados, entendiendo que en el proceso los denunciados podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Según la valoración que en 2005 el arquitecto denunciado realizó por encargo del Gobierno municipal del denominado 10 por ciento de cesión obligatoria de los aprovechamientos lucrativos al Ayuntamiento por el desarrollo urbanístico de esta zona, HICONSA debía pagar 1.376.318 euros, mientras que la valoración alternativa encargada por la oposición, visada por el Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento debería de haber cobrado 4.533.810 euros.
Por ello, los denunciantes entienden que el interés público podría haber sido perjudicado por una serie de personas, varias de las cuales ocupan cargos públicos, en una operación urbanística dejando de ingresar el Ayuntamiento más de 3 millones de euros y generándose algún tipo de beneficio personal.
Asimismo, estos partidos políticos entienden que se debe de aclarar si existe relación entre esta operación y el hecho de que mientras se estaba realizando, el mismo arquitecto implicado le hacía el proyecto de su casa a Miguel Novoa, casa que luego construyó HICONSA y cuya licencia de obras se otorgó dos días antes de la firma del convenio urbanístico con esta empresa para la urbanización de los terrenos de El Almendral.
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